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Dos testigos protegidos de la investigación Los Elegantes de la Municipalidad Provincial identificaron a funcionarios del alcalde de Arequipa, Omar Candia, como autores del cobro de coimas a cambio de beneficios y cero sanciones a conductores que eran intervenidos conduciendo ebrios.
Testigos protegidos 001 y 003
De acuerdo a lo declarado por el testigo protegido 001-2020: Edward Núñez Choque, subgerente de Fiscalización, y los funcionarios Tomas Huampa Panti y Mauricio Meza, solicitaban diferentes sumas de dinero por emitir irregulares resoluciones de nulidad de papeletas de infracción al reglamento nacional tipificadas como M1 (conducir bajo los efectos del alcohol o alguna otra droga y participar de accidentes de tránsito) y M2 (conducir bajo efectos del alcohol o alguna otra droga comprobada en examen), consideradas muy graves.
El testigo sindicó a los exfuncionarios de la entidad, Raúl Sabino Mejía y Williams Rodrigo Tavera, quienes laboraron en la Subgerencia de Circulación Vial de la municipalidad de Arequipa. Según dijo Ysmael Ortíz y Marisol Vizcarra, cambiaban irregularmente licencias de conducir para favorecer ilícitamente a sancionados.
El testigo protegido 003-2020 contó al Ministerio Público sobre vínculos que existían entre la falsa abogada Lorena Cáceres Muñoz y los funcionarios de apellido Mejía, Rodrigo, Huampa, Núñez y Meza, “con quienes manejaba las cosas en la entidad y la apoyaban con las resoluciones de nulidad”, se lee en la declaración a la que tuvo acceso Correo.
Declaraciones voluntarias de civiles
La Fiscalía también cuenta con la declaración voluntaria de tres civiles, quienes en febrero de este año contaron cómo la investigada Cáceres Muñoz les ofreció la devolución de sus licencias de conducir originales, su unidades vehiculares y la anulación de las papeletas desde la suma de S/3,200 hasta S/4,500.
Todos accedieron a la solicitud de la investigada y días más tarde, bajo resoluciones N° 14779-2019, N°744-2020 y sin número, suscritas por el funcionario Núñez Choque, sus papeletas fueron anuladas. Estas forman parte de las pruebas que maneja el Ministerio Público para sustentar los posibles ilícitos de cohecho cometidos entre los años 2016-2019 en la comuna provincial.