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Al menos 64 candidatos a diputados y senadores a nivel nacional tienen Reinfo vigente y excluido. Ocho de ellos postulan en Arequipa. Se trata de David Amanqui Quispe y Gladys Tapia Medina, ambos del Partido País Para Todos. Además, Rodmy Cabrera Espinal con 4 derechos mineros y Paola Álvarez Montoya (suspendido), ambos del Partido Patriótico del Perú.
En el Partido Democrático Federal está Lázaro Clemente Cáceres, con denuncios en actividad. Por el Partido Frente de la Esperanza 2021, Geiner Tapia Orlandini, con anotación vigente.
Por Unidad Nacional está Ana María Mota Castilla y, por el Partido Demócrata Verde está Sixto Sotomayor Chahualla y, por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú.
La minería informal se convirtió en un actor político, tal como explicó Iván Arenas, experto en minería y gestión social, dijo que en el actual Congreso hay una “Bancada Reinfo”, que es multipartidaria y está a favor de la minería informal.
“Tiene interés político y electoral, que es la minería informal (...) Opera como una coalición”, señaló.Pocos días atrás, César Ipenza, integrante del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), se refirió a la “Bancada Reinfo” que promovió y aprobó las cinco prórrogas del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y postergó la aprobación de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).
POR VENCER
Ahora, a pocos meses de que venza su mandato, esta bancada pretende cambiar el régimen minero para favorecer a los informales. El 17 de marzo pasado, la Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que altera las reglas de juego que dieron estabilidad jurídica al sector. Pretende obligar a las empresas formales a firmar acuerdos con comunidades, elimina el carácter irrevocable de las concesiones, reducir de 30 a 15 años el plazo para iniciar producción, busca aplicar nuevos costos a concesiones ya otorgadas.
CAMPAÑA
Este dictamen es impulsado en la campaña por estos postulantes lo que haría ver que la minería informal comenzó a construir su propio poder político. Se puede deber al tamaño económico del negocio que exportó más de 100 toneladas por más de 11.500 millones de dólares; a su capacidad de financiar, según expertos, hasta 36 campañas presidenciales; y al fracaso del proceso de formalización.
Los perjuicios. Según Iván Arenas, reducir el plazo de concesiones minera formales traerá consigo varios problemas. “Debemos decir que no existiría canon minero sin inversiones mineras y añadir que las inversiones mineras no llegarían si no habría predictibilidad y el sistema de concesiones fuera parte de esa predictibilidad. Entonces, podemos decir que, sin concesiones, sin régimen de concesiones, no habría canon minero. Reducir de 30 años a 15 años es liquidar la predictibilidad y la certidumbre”, señaló.