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Una niña de 10 años quedó embarazada producto de violación sexual, ocurrida en diciembre del año pasado en la provincia de Camaná. La situación ponía en riesgo la salud de la gestante, por lo que se convocó a la Junta Médica para evaluar la posibilidad de interrumpir el embarazo; sin embargo, no se procedió debido al tiempo de gestación.
El hecho se conoció el 18 de diciembre de 2025, pero recién el 9 de enero se hizo la evaluación, obteniendo dicha recomendación, el cual refiere que no correspondía la aplicación de la “Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119° del Código Penal”, para este tipo de casos, además de no haber sido solicitado por ella o por su representante.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo recordó que el Establecimiento de Salud (EESS) tiene la obligación de informar el procedimiento a la gestante y proceder de oficio ante un riesgo para la salud integral, especialmente en situaciones de violación sexual, sin esperar una solicitud formal.
Por ello, instó al Ministerio de Salud para que garantice la atención y un seguimiento médico especializado hacia la gestante, cuyo cuerpo no está biológicamente preparado para un embarazo. Además, se exhorta al Viceministerio de Salud Pública a que disponga de manera inmediata las investigaciones correspondientes, a fin de determinar la responsabilidad funcional.
También se exhortó al Programa Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a brindar el acompañamiento necesario, así como a evaluar el traslado de ella y de su hermana (8), ambas actualmente albergadas por encontrarse en situación de abandono, hacia un Centro de Acogida Residencial Especializado en la ciudad de Lima, pues las niñas fueron víctimas de violencia sexual por su entorno cercano (padrastro).