Empresa a cargo del proyecto Majes II es investigada por Lava Jato

Actualizado el 15/01/2018, 11:46 a. m.

Las investigaciones por corrupción al denominado Club de la Construcción han puesto al descubierto una red de empresas privadas que podrían estar inmersas en negociaciones cuestionables y delictivas para hacerse de proyectos estatales de envergadura en el país.

Una de las empresas incluidas en la lista de las investigadas es Cosapi, socia financiera del Consorcio Angostura Siguas S.A. (junto a Cobra), a cargo de la ejecución de las obras para el proyecto Majes Siguas II en Arequipa, lo que, para el Gobierno Regional podría ser un nuevo problema a considerar, más aún si se toma en cuenta lo sucedido con ICCGSA Ingenieros Civiles y Contratistas S.A. El GRA se vio en la necesidad de rescindir el contrato con la empresa ante los incumplimientos derivados de la inestabilidad, firma ya inmersa en las investigaciones del fiscal Hamilton Castro Trigoso.

EL CLUB. Hay que precisar que el Club de la Construcción habría operado desde el 2011 y hasta el 2014, teniendo como negociador al considerado lobista Carlos Eugenio García Alcázar, exasesor del Ministerio de Transportes.

Hace tres días, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, ordenó el allanamiento de 42 inmuebles de los 17 investigados en el caso, quienes son representantes de las empresas en mención, que corresponden a 17 investigados representantes de estas empresas vinculadas al caso Lava Jato.

El 30 de abril del 2015, luego de resolver un entrampamiento de 8 años y la atención de 11 adendas, el Gobierno Regional de Arequipa suscribió el contrato con el Consorcio Angostura Siguas S.A. para la ejecución del proyecto Majes Siguas II por un costo de 550 millones de dólares, 105 millones más que el presupuesto inicial de la obra.

Este nuevo acuerdo establecía la construcción de las vías de acceso, de una presa de 1,140 millones de metros cúbicos, dos túneles de derivación de 16 y 11 kilómetros cada uno y los canales para regar 38,500 hectáreas de tierras eriazas.

Aunque no ha habido una manifestación precisa de los ejecutivos de Cosapi sobre estas investigaciones, salvo su disposición para colaborar con las investigaciones fiscales, se sabe que su representante, Marco Antono Aranda Toledo, es uno de los ejecutivos privados que están siendo buscados por la Fiscalía para las investigaciones. Este mismo personaje fue uno de los encargados del consorcio de firmar un Convenio de Estabilidad Jurídica con el Ministerio de Economía y Finanzas, pues Cosapi era la empresa encargada de hacer la inyección económica (en ese entonces de 8 millones 498 mil dólares, en aproximado) al consorcio que integró junto a la española Cobra. El tratado se firmó el 9 de diciembre del 2010.

Peligro para las empresas investigadas

El Equipo Especial del Ministerio Público busca, en los bienes incautados, elementos de convicción para probar los supuestos hechos ilícitos. Cabe señalar que la respectiva orden judicial disponía la “incautación de documentos, bienes y objetos de interés para la investigación”, que se encuentren en las diversas oficinas y viviendas, ubicadas en distintos distritos de la capital. La especulación de la Fiscalía es que todos los proyectos adjudicados fueron ejecutados por Provías Nacional.