Existen cinco conflictos latentes en la región Arequipa

Según el último reporte correspondiente a enero del presente, la Defensoría del Pueblo registró un total de cinco conflictos sociales en Arequipa, de estos cuatro son socioambientales y uno de demarcación territorial, informó el representante regional Manuel Amat Llerena.

El primero continúa siendo el conflicto socio ambiental por el proyecto minero Tía María. “Si bien no hay actos hostiles ni manifestaciones contra el proyecto, debe ser negociado con urgencia por las autoridades”, expresó.

INFORMALES.- En segundo lugar, están los mineros informales, que en su mayoría se encuentran en Chala (Caravelí) y Ocoña (Camaná). Ellos piden facilidades para seguir operando mientras dure el proceso de formalización. Amat refirió que el último 06 de febrero el Ejecutivo notificó las disposiciones para inscripción en el Registro Integral para Formalización.

Otro conflicto social lo constituye la demarcación territorial entre Cayarani (Arequipa) y Chumbivilcas (Cusco). La delimitación territorial está en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), refirió Manuel Amat.

El conflicto entre los pobladores de Umachulco (Castilla-alta) con la minera Buenaventura, es el cuatro de tipo social. Actualmente, se define el convenio de servidumbre entre ambas partes y proyectos de inversión de desarrollo de esta zona. Pese a que ya fue instalada la mesa de diálogo aún no hay acuerdos, indicó.

TAMBO EN LISTA. Sorprendentemente está en el quinto lugar de las alertas tempranas por el déficit hídrico que afecta a agricultores del Valle de Tambo. En este caso puntual, la Defensoría llamó la atención a las autoridades para evitar que se generen actos de protesta. El funcionario destacó el Acuerdo para el Desarrollo de Tambo, suscrito en la última visita al valle del presidente Pedro Pablo Kuczinsky con la gobernadora regional Yamila Osorio.

El compromiso de construcción de dos represas por parte del Gobierno, ayudaría a resolver el problema de escasez hídrica en el Valle de Tambo.

Precisó que todos están latentes a la fecha, no obstante, algunos de esos podrían pasar a activos en cualquier momento, dependerá del manejo de las autoridades.

MONITOREA ACUERDOS. La Defensoría del Pueblo está participando actualmente en dos mesas de diálogo. Una de ellas es sobre la minera Tambomayo en Caylloma, se mantiene como un ente observador de los acuerdos firmados y elevados a escritura publica, así mismo monitorea acuerdos tomados entre la minera, autoridades y representantes.

Sobre la disconformidad de los poblados de Llatica y Tapay con el proyecto minero, aseveró que hay un grupo de pobladores que continúan oponiéndose.

Al ser consultado sobre el rechazo de pescadores de Ocoña (Camaná) a la construcción de central hidroeléctrica en cauce de río a cargo de la empresa Ohysa, aseguró que están monitoreando la situación para ver cómo pueden colaborar y contribuir a una solución.

La intervención de la Defensoría en conflictos se realiza en tres fases, la participación preventiva entre las partes involucradas, la segunda fase de observación y mediación y finalmente la fase de ayuda tras incidentes que evidencian un conflicto abierto.

Ocoña. El quinto conflicto social involucraba a los pobladores y pescadores de Ocoña, quienes siguen oponiéndose a la aprobación del Estudio Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico Ocoña 2010 de la empresa Ocoña -Hidro. 

Según últimas declaraciones del alcalde provincial de Camaná, Jamil Vásquez, la obra haría desaparecer el recurso camarón en el lecho del río.