La fiscal de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero, advirtió que algunas municipalidades de Arequipa habrían otorgado certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) a colegios particulares que no cumplen con las garantías mínimas de seguridad, hecho que motivó la derivación de estos casos a la Fiscalía Penal para las investigaciones correspondientes.
Durante las inspecciones realizadas a instituciones educativas pertenecientes a la UGEL Arequipa Norte, la representante del Ministerio Público señaló que los certificados ITSE entregados no coinciden con las condiciones reales de seguridad de la infraestructura de varios colegios, aunque no detalló los nombres, por encontrarse en investigación, pero señaló que esta situación pone en riesgo la integridad de los estudiantes y docentes.
De manera especial, a través de Contacto Sur, instó a los padres cuyos hijos estudian en colegios particulares a exigir las licencias y certificados correspondientes, ya que durante las fiscalizaciones se constató que los inspectores municipales no calificaron objetivamente y favorecieron para la emisión certificados ITSE sin que se cumplieran los requisitos de seguridad.
AULA DECLARADO INHABITABLE
En la visita al colegio público de nivel inicial Santa Gertrudis, en el distrito de Sachaca, se verificó el riesgo de colapso de un pabellón en el que funciona el aula de los estudiantes de cinco años de edad. Ante esta situación, la municipalidad declaró el ambiente inhabitable y la UGEL Arequipa Norte dispuso que el aula no sea utilizada, ordenando que los menores sean reubicados temporalmente en el área de psicomotricidad, a partir de marzo, al inicio de las labores escolares.
La fiscal precisó que el riesgo persiste debido a la humedad detectada en los techos, lo que podría provocar un colapso estructural. Ana Cecilia Cordero también cuestionó las limitaciones de las UGEL y de la Gerencia Regional de Educación, al señalar que estas entidades carecen de capacidad formuladora y de inversión para la reconstrucción o mejora de los colegios que presentan deficiencias estructurales.
Asimismo, exhortó a los padres de familia y directores de las instituciones educativas a asumir medidas responsables y no exponer a escolares ni maestros a situaciones de peligro.
Respecto a las matrículas en los colegios públicos, la fiscal recordó que estas no pueden estar condicionadas al pago de cuotas exigidas por las asociaciones de padres de familia (Apafas), por lo que exhortó a los padres a no ceder ante coacciones y a denunciar cualquier irregularidad o cobros excesivos.
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