A través del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, el Ministerio Público confirmó que apelará el reciente fallo judicial emitido en el proceso por trata de personas agravada, relacionado con la venta de una bebé en el 2018.
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VENTA DE BEBÉ
El caso, que estuvo bajo la conducción de la fiscal provincial Rosmery Mendoza Palomino durante la investigación y del fiscal Rafael Alberto Larco Gigante durante el juicio oral, ya había tenido un primer fallo judicial en 2024, año en que los mismos procesados fueron sentenciados, incluyéndose además a los padres biológicos de la menor.
Sin embargo, esa sentencia terminó siendo anulada por la Sala Superior, que ordenó un nuevo juicio al advertir la necesidad de precisar aspectos relacionados con el verbo rector del delito de trata de personas, conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo Plenario N.º 04-2023, así como determinar la norma penal aplicable debido a las modificaciones legislativas del artículo 317 del Código Penal.
El segundo juicio, que se extendió entre septiembre de 2025 y julio de este año, se caracterizó por la gran cantidad de pruebas presentadas: intervenciones telefónicas, pericias a equipos celulares, técnicas especiales de investigación y testimonios que, según la Fiscalía, demostraban que el caso no fue un hecho aislado, sino parte de una red dedicada a captar a mujeres embarazadas para adquirir a sus bebés apenas nacían.
A pesar de este panorama, el tribunal resolvió absolver tanto a los padres biológicos de la niña como al exgeneral de la Policía Nacional del Perú, Raúl Oscar Becerra Velarde, argumentando que los progenitores actuaron en un contexto de vulnerabilidad y que el militar no tenía conocimiento de los hechos. Una decisión que el Ministerio Público no está dispuesto a aceptar sin cuestionamiento.
De acuerdo a la Fiscalía, en mayo de 2018 se realizó la inscripción fraudulenta de una recién nacida como hija de Cinthya Tello y Raúl Becerra. Durante el proceso también quedó acreditado que los padres biológicos recibieron una compensación económica por la entrega de la menor.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Según indicó la Fiscalía, no existen pruebas que sustenten esa supuesta vulnerabilidad alegada a favor de los padres, e insistió en que sí hay evidencia suficiente para sostener la existencia de una organización criminal con funciones definidas entre sus integrantes, que operó durante un tiempo prolongado e incluso planificaba nuevas búsquedas y adquisiciones de bebés recién nacidos mediante un mismo modus operandi.
PODER JUDICIAL SENTENCIÓ A 5 PERSONAS POR EL CASO
Como se conoce, el Poder Judicial condenó a cinco personas por este caso. A Cinthya Carolina Tello Preciado, Roque Florentino Yáñez Quispe y Katy Quinteros Quispe, como coautores del delito de trata de personas, se les impuso ocho años de prisión efectiva.
A Noemí Diana Castro Gonzales y Maricela Quispe Coila fueron condenadas como cómplices secundarias y recibieron una pena de cinco años y cuatro meses de cárcel efectiva.
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