Jueces en la mira por sentencias benignas como trabajos comunitarios a delincuentes

La sentencia establecida por el Código Procesal Penal por este delito es un mínimo de 12 años de cárcel y un máximo de 25 años, si es que no existen agravantes.

La Odecma también revisará las sentencias emitidas por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Vacaciones, conformada por los magistrados Max Bengoa, Marco Villasante y María Aranibar.

Casos. Joel Ronaldo Bejarano Condori y Pascual Virgilio Yauri Acasi estuvieron implicados en un robo en falso taxi. Ambos fueron favorecidos porque tenían menos de 21 años de edad.

Misma suerte corrió Sergio Esteban Chacón Zúñiga, quien utilizó un cuchillo para robar a escolares. Lo sentenciaron a trabajo comunitario porque reparó el daño, no tenía antecedentes y se sometió a la conclusión anticipada.

Los jueces también emitieron un fallo benévolo a Renso Francisco Condori Sucari (19), acusado de feminicidio. Lo favorecieron por admitir el cargo y tener menos de 21 años de edad.

REPORTE

Aunque la ley emitida por el Congreso precisa que las personas involucradas en delitos de robo agravado y feminicidio no deben ser favorecidas con reducciones de condena por la edad o la admisión de los cargos, los jueces están en la facultad de acatar o no esta norma.

Cáceres Valencia precisó que mediante el “control difuso” los magistrados pueden determinar si imponen o no beneficios a lo procesados, debido a que, según los casos, tienen la potestad de concluir en que la norma del Parlamento es inconstitucional.

A ese argumento se llega en base a los principios de resocialización, reinserción, igualdad de derechos, oportunidad y otros. Toda vez que los procesados por delitos de lesiones, peligro común, falsificación de documentos y otros, sí se favorecen con reducción de condena.

Además, el jefe de la Odecma informó que los jueces que emitieron sentencias aplicando el “control difuso” debieron comunicar a la Sala Constitucional de la Corte Suprema que analicen si fue correcto o no la emisión de sentencias con una condena por debajo de lo que establece la norma.

Puso el pare. En su momento, el presidente de la Junta de Fiscales, Franklin Tomy López, precisó que requirieron al Órgano de Control Interno (OCI) que investigue a los fiscales que aceptaron los polémicos fallos.

Indicó que los magistrados no pueden permitir que se reduzca de manera “exagerada” la condena a sujetos procesados por delitos muy graves.

Añadió que ya había emplazado a los fiscales a ser severos con los procesados y a acatar las normas.

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También propuso la separación de los trabajadores de la Corte de Justicia de Arequipa, Carlos Benitez y Óliver Concha, quienes pidieron dinero para el cumplimiento de sus funciones.

ALGUNAS CIFRAS