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Una de las primeras obras que realizó Omar Candia Aguilar, cuando fue alcalde del distrito de Alto Selva Alegre, fue la instalación de cámaras de seguridad, entre los años 2011 - 2012. Ese proyecto es el que mayores problemasle trajo, pues el juez Max Vengoa halló una serie de irregularidades y lo sentenció, junto a sus exfuncionarios, por el presunto delito de colusión agravada.
ILÍCITOS
La investigación de la Fiscalía y de los peritos de la Contraloría fue validada por el juzgado, quien determinó que en el proceso de elaboración del proyecto la selección de la empresa encargada de proveer las cámaras y la ejecución de la obra se perpetraron una serie de ilícitos.En total, la Fiscalía atribuyó seis hechos al alcalde que motivaron las irregularidades. La responsabilidad directa de Omar Candia fue que no suspendió u ordenó la subsanación de las observaciones que se detectaron mientras se ponía en marcha el proyecto, pese a que fue advertido por distintas entidades.
Según las pesquisas, el Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado comunicó al burgomaestre sobre una serie de defectos en el proceso de licitación y recomendó la nulidad del proceso. No obstante, ese requerimiento no fue atendido.
Los especialistas también detectaron que el Consorcio Soluciones Andinas se favoreció de manera irregular con puntajes que le asignó el comité de selección, además que la empresa presentó una carta fianza irregular.
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Sociedad Eléctrica Del Sur Oeste (Seal) también advirtieron una serie de cuestionamientos durante la ejecución de las obras.
Los peritos de la Contraloría agregaron en juicio que una vez que la comuna recibió la obra, las cámaras de seguridad no se encontraban operativas. Pese a ello, la compañía no subsanó las deficiencias y cobró más de 2 millones de soles por el proyecto.
Aunque el burgomaestre delegó a sus funcionarios la ejecución de la obra, el juez Max Vengoa consideró que sí existe una responsabilidad penal en el caso y que tuvo interés particular en que se concrete la compra de 40 cámaras.
Precisó que tuvo la responsabilidad de supervisar, controlar y monitorear a sus funcionarios en la ejecución de la obra y estuvo en las facultades de suspender la adquisición cuando fue advertido de las irregularidades. “Su actuación permitió la defraudación al Estado”, expresó el juez.
CRONOLOGÍA
30 de mayo de 2019, Sala Penal ordena nuevo juicio para el alcalde de Arequipa.