Uso de unidades es un riesgo para la población y fiscalización de municipalidad es deficiente. Comerciantes piden intervenir. (Foto: Leonardo Cuito)
Uso de unidades es un riesgo para la población y fiscalización de municipalidad es deficiente. Comerciantes piden intervenir. (Foto: Leonardo Cuito)

Son las  6 de la mañana del domingo. Entre la avenida Vidaurrazaga y Andrés Avelino Cáceres, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, taxis, buses y camiones están detenidos por más de 15 minutos. El embotellamiento se extiende a lo largo de 4 cuadras.

La razón es una fila de “loncheritas”, unidades tipo M1, que invadieron un carril de las concurridas avenidas a la espera de pasajeros. Hay por lo menos unos 20 de estos vehículos estacionados en la zona que realizan el servicio de transporte público informal.

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Las decenas de mujeres y varones que esperan abordar una unidad de transporte público deben caminar varias cuadras con bolsas de mercado en mano, mientras otros se exponen al peligro al abordar las unidades a la mitad de la pista. Los comerciantes piden la intervención de las autoridades para poner orden en este sector.

Según el último informe de la Subgerencia de Transporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa, se han monitoreado hasta 800 “loncheritas” en esta zona. La ruta que siguen es desde Cono Norte hasta la Plataforma Andrés Avelino Cáceres.

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El tiempo es el mayor atractivo que tienen para su uso. Se demoran solo 25 minutos en realizar el trayecto. Una unidad formal lo hace en 50 minutos. Pero al tener estructuras ligeras, son más propensas a accidentes de tránsito. Es más la Ley General de Transporte prohíbe su uso para brindar este servicio, debido a que no cumplen con el peso y la cilindrada adecuada.

El subgerente de Transportes, Juan Carlos Callacondo, informó a Correo en agosto que se estaba elaborando un estudio sobre la implementación de la Ley N° 31096, publicada este año, que autoriza el servicio del auto colectivo, con lo que se daría luz verde a estas unidades. Sin embargo, a la fecha no existe ninguna propuesta de ordenanza municipal al respecto. En consecuencia, continúan operando sin fiscalización y bajo la ilegalidad poniendo en riesgo a los usuarios.