El próximo gobierno tendrá como uno de sus principales desafíos enfrentar el avance de la minería ilegal, una actividad que mueve alrededor de 11 mil 500 millones de dólares al año y que, según el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), se ha convertido en la principal economía ilícita del país. La organización advirtió que los primeros cien días de gestión serán determinantes para implementar medidas que frenen su expansión.
Según el especialista del OMI, César Ipenza, la minería ilegal dejó de ser únicamente un problema ambiental y ahora representa una amenaza para la seguridad, al financiar otras actividades criminales y generar violencia en distintas regiones del país.
Entre las principales propuestas figura el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). De acuerdo con el Observatorio, este mecanismo, creado para facilitar la formalización de pequeños productores, terminó siendo utilizado por miles de mineros para continuar extrayendo oro sin cumplir las exigencias legales y ambientales. Por ello, plantea establecer un régimen transitorio que permita culminar el proceso y eliminar el registro.
El OMI también considera necesario retirar el marco legal que actualmente protege a los inscritos en el Reinfo. Recordó que el Tribunal Constitucional recomendó el año pasado eliminar la exención de responsabilidad penal para quienes forman parte de este registro, medida que hasta la fecha no ha sido aplicada. En ese sentido, propone que quienes continúen realizando actividades mineras ilegales o incumplan las normas ambientales enfrenten responsabilidades penales y civiles.
Otra de las recomendaciones apunta a fortalecer las instituciones encargadas de combatir este delito. El Observatorio señala que la Fiscalía carece de presupuesto suficiente para ejecutar operativos de interdicción en zonas controladas por organizaciones criminales, lo que limita la capacidad del Estado para enfrentar estas redes.
MECANISMOS DE ANTICORRUPCIÓN
Asimismo, plantea reforzar los mecanismos de control y anticorrupción dentro del Ministerio de Energía y Minas, especialmente en la Dirección General de Formalización Minera, debido a las denuncias por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes. Si bien el ministerio aprobó recientemente una nueva Política Antisoborno, mediante la Resolución Ministerial N.° 232-2026, el OMI considera que el próximo gobierno deberá fortalecer su aplicación.
Las propuestas incluyen además una ley para eliminar progresivamente el uso del mercurio hasta prohibirlo por completo en el año 2030, así como la implementación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, con el objetivo de mejorar la trazabilidad del oro y dificultar la comercialización de minerales de origen ilegal.
Por último, el Observatorio plantea prohibir mediante decreto supremo la actividad minera en los ríos amazónicos, donde la extracción aurífera ha generado graves impactos ambientales por la contaminación de los ecosistemas.
Para el OMI, el próximo gobierno deberá actuar con rapidez si busca impedir que la minería ilegal continúe consolidándose como una de las mayores amenazas para la seguridad ciudadana, la gobernabilidad y la protección del medio ambiente en el país.
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