La denominada “Ley Mordaza” que Perú Libre propone no es solo una amenaza comunicativa, es también un intento por intimidar a los medios de prensa y a los periodistas, opina el expresidente del Tribunal Constitucional y ahora presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, Víctor García Toma, con quien dialogamos.
Siendo usted un constitucionalista, ¿qué opina sobre el proyecto de ley que Perú Libre ha presentado para el control de los contenidos de los medios de comunicación? Es una seria amenaza a la libertad comunicativa, fundamentalmente la libertad de información, opinión y difusión. Al establecer que es un servicio público y, en ese concepto, señalar que el Estado tiene alguno de estos tres papeles. En segundo lugar, puede fiscalizar, pero la fiscalización es un acto ex post (posterior al ahecho).Es decir, primero el medio, en el ejercicio de su autodeterminación puede emitir información o propalar opinión, y eso puede generar la presentación de alguna denuncia o una demanda por delito contra el honor, la buena reputación, etc., que derivaría la necesidad de rectificación. Pero todos esos actos son ex post, no hay una censura previa, eso debe quedar muy claro. Esta ley habla de la necesidad de posibilitar una eficiencia en el servicio y se entromete con la libertad de organización empresarial, el Estado no tiene por qué intervenir en este ámbito. Luego señala que los medios de comunicación tienen una responsabilidad en la educación y la formación cívica, pero eso está en el artículo 14 de la Constitución y, hasta donde yo tengo conocimiento, cada medio trata de cumplir lo dispuesto en ese artículo. En todo caso, el Estado podría celebrar un convenio para colaborar de alguna manera más sostenida, pero lo que no puede hacer es fijar posiciones sobre esa materia. Colaborar no es subordinarse.
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Hay artículos constitucionales que garantizar la libertad de empresa, información y comunicación. Por otro lado, están los artículos que regulan el funcionamiento de estas empresas. ¿Cómo los conjugamos con este proyecto? Está claro desde mi punto de vista que esta ley tiene por objeto intimidar y, de alguna manera, generar la autorregulación, la censura indirecta. Es decir, promover entre algunos medios que, para no tener problemas, vayan a bajar el nivel de las investigaciones o el tono crítico. Es una ley con la intención de generar pánico, miedo en los medios de comunicación. Pero, la parte normativa del funcionamiento de los medios ya está claramente establecida. Sí, no hay nada más que agregar. Está en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos y todos los mecanismos que permitan garantizar el correcto ejercicio de las libertades comunicativas. Sorprende que el Gobierno actúe de esta manera, porque podría dar la impresión de que, en realidad, lo que le interesa es generar intimidación o aspirar a tener una sociedad monocorde, en donde exista el pensamiento único y una prensa adocenada que solo aplaude las actividades del Gobierno, una prensa acrítica y eso implica una sociedad antidemocrática.
Hay quienes quieren hacer ver que la protesta de los medios a este proyecto de ley es porque solo quieren cautelar los intereses del medio. ¿Qué le podemos decir al común de la gente sobre este particular? Esta ley no solamente se refiere a los medios que usan los espacios electromagnéticos tradicionales, como la televisión y la radio. Se dirige también a los otros medios, como el Internet o las redes sociales, que son los que utilizan los jóvenes y que hoy cubren un espacio muy grande. Lo otro es que el daño que se le hace a la prensa tiene dos víctimas: la primera es el ciudadano que se ve impedido de acceder a conocer la verdad de ciertos hechos y de conocer opiniones diferentes a las que les gusta escuchar al Gobierno. Afecta también a varios miles de trabajadores que, en el ejercicio de una profesión y que, mediante estas políticas, podrían ver reducidos sus espacios de trabajo.
¿Es esta una práctica antidemocrática? Por supuesto, es una práctica antidemocrática que ha sido intentada en otras oportunidades. Lo intentó Velasco, que llegó a la expropiación de los medios de comunicación (...)luego vino la mordaza fujimorista que utilizó la compra de las líneas editoriales. Ahora lo que se intenta es intimidar y amenazar señalando que se va a reexaminar la situación de los espacios electrodomésticos y que se van a revisar los contenidos. Eso no va a prosperar en el Congreso, pero no sería raro que, viniendo del Gobierno, busque otros mecanismos alternativos.