Zegarra pide ser excluido de la investigación del Plan de Desarrollo Metropolitano
Zegarra pide ser excluido de la investigación del Plan de Desarrollo Metropolitano

El alcalde provincial, Alfredo Zegarra, se juega su última carta para salir de las investigaciones en torno a la urbanización de zonas agrícolas que contempla el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), debido a que su defensa legal presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción, el mismo que lo excluiría del juicio oral que el Juzgado Especializado en Temas Ambientales ordenara que se realice contra la máxima autoridad y algunos regidores de su gestión.

Giuliano Delgado, abogado del burgomaestre, explicó que dicho recurso ya fue admitido por la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA), el mismo que elevó a sala para que sea debatido en un audiencia que debería desarrollarse en los próximos días.

Refirió que el burgomaestre no participó en la votación de la aprobación del proyecto, el mismo que solo contó con el respaldo de algunos regidores que se basaron en los estudios del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), que también están siendo incluidos en la investigación. El sustento legal se apegaría en la ley de las municipalidades, donde Alfredo Zegarra no tendría entre sus competencias la lucha contra delitos ambientales.

MEDIDA. Asimismo, el 16 de abril se realizaría la última audiencia de casación de la medida cautelar que interpuso la Fiscalía contra el PDM, el mismo que paralizó cualquier acción de este proyecto en materia referida. Esta sería la última audiencia que vería la Corte Suprema para decidir si aceptan o no la apelación de la MPA para ejecutar el PDM en distintos distritos de la ciudad.

JUICIO. Como se recuerda, en enero del 2017 el magistrado Jesús Rivera del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, Aduanera, Tributaria y de Medio Ambiente, decidió instalar el juicio oral contra Zegarra, 9 de sus regidores y miembros del IMPLA, por el delito de responsabilidad de funcionario al aprobar el PDM.

Pena. La Fiscalía solicita una pena no menor a los 4 años de cárcel, así como la suspensión de ejercer cargo en el mismo período