“Por prejuicios sociales varones no denuncian casos de violencia”, según Defensoría del Pueblo

Por prejuicios sociales, miedo o vergüenza, los casos de agresión en contra de los varones no se denuncian ante las instancias que administran justicia a pesar que en la región las cifras son preocupantes, así lo informó el representante de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, David Pacheco Villar.

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Situación actual de la violencia

El jefe de la Oficina Defensorial manifestó que en su momento, para las mujeres también fue difícil denuncias casos de violencia física, psicológica, patrimonial o de otro tipo, sin embargo, con el paso del tiempo esto se fue normalizando. Acotó que en caso de los varones viene sucediendo lo mismo en la actualidad donde un varón que es víctima de agresión interpone la denuncia es atacado y tildado por prejuicios sociales de diferentes maneras.

“Venga de donde venga, todo tipo de violencia debe ser desterrado, no por la existencia de estos prejuicios se debe impedir que un varón interponga las denuncias ante las instancias pertinentes, es más, hay que alentarlos a pedir ayuda y recurrir a la policía y Fiscalía”, precisó.

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Agregó que una vez que se da el primer paso, las víctimas recibirán medidas de protección y no estarán desamparados para continuar con las denuncias.

El representante de la Defensoría también dijo que el Centro de Emergencia Mujer, no debe atender sólo a las mujeres, sino también a los varones que sean víctimas de agresiones, ya que son instituciones que brindan atención integral con psicólogos, trabajadores sociales y otros a todas las víctimas ya sean mujeres y varones.

Por otro lado, Pacheco Villar, también manifestó que en los últimos años, la región registró alarmantes cifras de denuncias por violencia a la mujer e integrantes del grupo familiar. Incluso, en el 2020, la región alcanzó el puesto 11 a nivel nacional en la cantidad de denuncias y trámites. Añadió que las provincias con más casos es Huamanga, Huanta y La Mar.

Finalmente, recordó a las instituciones del sector salud y otros que el Código Penal sanciona la omisión de funciones en torno a casos de violencia, sobre todo cuando involucran como víctimas a personas menores de edad.

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