42 están presos en Áncash por delitos de corrupción

La región Áncash ocupa un preocupante tercer lugar con más autoridades, funcionarios y servidores de entidades públicas que se encuentran en prisión acusados de cometer delitos de corrupción.

Así lo señala el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre el reporte de la corrupción en el Perú. El documento, denominado “El sistema anticorrupción peruano : diagnóstico y desafíos”, contiene información de las entidadesl sistema anticorrupción peruano hasta finales de 2017.

TERCER LUGAR. La Defensoría indica que a finales del año pasado, hay un total de 543 procesados por delitos de corrupción, tras las rejas, a nivel nacional.

De este total, 42 son funcionarios que defraudaron a entidades de la región Áncash. Antes de Áncash, se encuentra la región Lima con 148 reos por corrupción y luego la región Ica con 53 presos acusados de robarle al Estado.

Aunque la cifra es alta, se debe precisar que del total de 42 presos por corrupción en nuestra región, no todos tienen una sentencia firme. La gran mayoría se encuentra encarcelado cumpliendo un mandato de prisión preventiva en el marco de la pesquisa que afrontan. Esta figura es una medida coercitiva que contemplan nuestras leyes cuando la Fiscalía y el Poder Judicial, advierten un peligro de obstrucción a las investigaciones o se advierte una posible fuga del investigado.

Después del tercer lugar de Áncash, le sigue la región Cusco con 32 reclusos, la región Junín con 30 y la región Puno con 25 encarcelados.

La Defensoría advierte en su informe un preocupante aumento de la población penitenciaria por delitos de corrupción, experimentada desde el 2014, es así que fines de ese año, habían 416 presos por estos delitos. En el 2015 la cifra aumentó a 439 reclusos por corrupción y a diciembre de 2016, la cantidad llegó a 496.

DELITOS. Sobre la comisión de delitos, el informe indica que el delito que ha llevado a más personas presas es el de cohecho pasivo propio, con 170 casos. En este ilícito, dicho de una manera más simple, se acusa al funcionario público de recibir dinero o alguna dádiva a cambio de algún favorecimiento.

Luego, se encuentra el delito de colusión con 83 presos y peculado doloso y culposo con 81 casos.

Los delitos con menos presos son malversación de fondos, con solo 1, corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales con 2 y enriquecimiento ilícito también con 2 detenidos.

Respecto a casos en trámite, es decir investigaciones por delitos de corrupción que se encuentra en curso, la Defensoría del Pueblo recoge las estadísticas de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la cual señala que en la región Áncash hay 3,160 investigaciones en curso (hasta fines de diciembre). Nuestro departamento, se encuentra en la segunda ubicación, después de la región Lima, con 7,003 carpetas en trámite.

PAPEL DE LA CONTRALORÍA. Sobre el rol de la Contraloría General de la República, en la recepción de denuncias por hechos de corrupción, indica que al 2016, al entidad de control admitió 1,682 denuncias y otras 1,086 no fueron admitidas debido a que los hechos que se alertaban no eran competencia de la institución.

De los hechos admitidos por la Contraloría, 122 tenían que ver con uso de bienes del Estado, 339 con designaciones y contratos de personal, 701 con ejecución de obras públicas, 855 con adquisición de bienes y servicios y 742 con otros casos.

En la región Áncash, hay 119 hechos que fueron alertados ante la Contraloría y que se admitieron. En la oficina de Chimbote, fueron 70 mientras que en la oficina de control de Huaraz, hubieron 49.

La región Huancayo es en donde más denuncias se admitieron con 410 hechos, Trujillo con 336 y la región Lima con 315 denuncias.

En cuanto a denuncias promovidas desde la Contraloría, el informe señala que en el 2016, se presentaron 192 denuncias ante la Fiscalía, por delitos como negociación incompatible, malversación de fondos y peculado. De estas, la región Áncash concentra el 15,8%, ubicándose en el tercer lugar a nivel nacional. Antes de nuestro departamento, se encuentran Lima con 32,17% y Arequipa 22.12%.

Sobre los perjuicios económicos para el Estado producto de actos de corrupción, la Contraloría informó que en Áncash el monto asciende S/ 5’168.655,12, que representa el 1,0% del total de daños a los recursos públicos comprometidos a escala nacional.

EL CASO ÁNCASH. Tras la revelación del contenido del informe, el especialista en temas de corrupción de la Defensoría del Pueblo, José Carlos Requena, mostró su preocupación por el aumento de la población penitenciaria por delitos de corrupción en los últimos años, pero también por la poca cantidad de casos que se encuentran con una sentencia firme y consentida.

En ese sentido, el especialista demandó mayor celeridad a las entidades del sistema judicial peruano. Advirtió que el abuso de la figura de la prisión preventiva, también podría originar impunidad de los casos, ya que los investigados podrían plantear recursos de controles de plazo, con los cuales no solo saldrían de la cárcel, sino que también podrían lograr el archivo de la pesquisa.

“El hecho de que solo el 1% del total de la población penitenciaria nacional, corresponda a casos de corrupción y que de ese 1%, solo la mitad tenga sentencias firme, ya es un indicador de que los procesos sean tan dilatados, no nos lleva a ningún sitio”, señaló en declaraciones para el programa radial “Ojo de Pez”.

Dijo que en la región Áncash uno de los casos más sonados por actos de corrupción es el que involucra al exgobernador regional, César Álvarez, quien hasta el momento no tiene ninguna sentencia firme en su contra y solo está recluido en prisión preventiva desde el 2014.

“En Áncash hay muchos procesos que no avanzan y hay muchas lentitudes que vamos a empezar a mirar más de cerca”, enfatizó.