Según Contraloría, el gobierno regional no aplicó penalidades a proveedor, lo cual generó un perjuicio económico de más de S/ 45 mil.
Según Contraloría, el gobierno regional no aplicó penalidades a proveedor, lo cual generó un perjuicio económico de más de S/ 45 mil.

El (GRA) recepcionó irregularmente equipos adquiridos para atender la emergencia por el coronavirus en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en el 2020, y no cobró penalidades por incumplimiento contractual, lo cual generó un perjuicio económico de S/ 45, 390.

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Esta conclusión ha sido consignada en el informe de control específico que realizó la Contraloría.

Hallazgos

El entidad de control hizo un seguimiento sobre presuntos hechos irregulares en la adquisición del equipamiento de la IOARR “Remodelación de ambiente complementario; adquisición de monitor de funciones vitales, ventilador mecánico y equipo ecógrafo; además de otros activos en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón”.

Para este proceso, en el 2020, el GRA realizó una contratación directa en el marco del estado de emergencia por la COVID-19.

Según la Contraloría, la entidad regional recepcionó irregularmente equipos médicos (como pulsioxímetros, aspirador de secreciones, electrocardiógrafo de tres canales y nebulizadores) para reforzar los servicios de salud y la contención del coronavirus. Además, demoró su entrega hasta 53 días al nosocomio de Nuevo Chimbote, lo que debilitó la atención en la salud de la población por falta de equipos médicos.

El entidad de control también detectó que el GRA no cobró penalidades al proveedor por incumplimiento contractual sobre la entrega de bienes, lo cual generó un perjuicio económico de S/ 45,390.

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Acciones

Estos hallazgos se encuentran consignados en el informe N° 60-2021, cuyo periodo de evaluación corresponde del 1 de marzo al 12 de octubre del 2020, que fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del GRA.

Se ha informado al gobernador regional Henry Borja Cruzado sobre estos hechos irregulares a fin de que disponga el inicio de las acciones para el deslinde de las responsabilidades de los 11 servidores públicos involucrados.

Además, se comunicó al procurador público de la Contraloría para dar inicio a las acciones legales penales.

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