Bienes incautados y cuentas bloqueadas

Con una investigación que se inició el 2011, un sin número de diligencias se han realizado en el marco del sonado caso “La Centralita”, el cual se encuentra a unos cuantos pasos de ingresar a la etapa de juicio oral.

Dentro de las acciones emprendidas por el fiscal Elmer Chirre Castillo, de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa, se encuentran también incautaciones de bienes, muebles e inmubles y hasta el congelamiento de cuentas bancarias de los investigados.

BIENES. De acuerdo al requerimiento mixto del fiscal Chirre, al que ha tenido acceso Correo, durante la investigación, se llegaron a decomisar dos embarcaciones pesqueras: una de ellas “Rey David” de matrícula HO-04489-CM, vendida al grupo empresarial Jobecort SAC y la otra embarcación es “David”, de matrícula H0-04663- CM, también vendida al grupo empresarial en mención.

Ambas embarcaciones fueron incautadas porque existió la sospecha de que “dichos bienes vendrían a ser efectos del delito de lavado de activos”, que se le imputo durante la investigación a Juan Cortez León y Rafaela López Pineda.

El Ministerio Público, también ha incautado equipos tecnológicos, entre ellos una laptop, una tablet y tres equipos celulares. Sobre estos bienes, la Fiscalía sostiene que durante la secuela de la investigación se ha determinado “que fueron adquiridos con dinero de procedencia ilícita, generada por actividades de una organización delictiva; por lo que constituyen efecto del delito de lavado de activos”. Es preciso mencionar que estos bienes fueron incautados al momento de la detención de los investigados Merly Pereyra Olivares y Edward Román Príncipe Carvallo, a quienes en un primer momento se les imputó el delito de lavado de activos, pero ahora la Fiscalía ha solicitado el archivo para ambos en este extremo.

El documento fiscal también hace mención a la incautación de un bien mueble relacionado al acusado Luis Alberto Cortez León. Se trata de un vehículo marca MAZDA, modelo Mazda 6, de placa de rodaje F5U-308. La unidad vehicular actualmente se encuentra bajo custodia de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi). La Fiscalía indica que el vehículo incautado “vendría a ser efecto del delito de lavado de activos”.

Este predio tiene la condición de incautado, debido a que el investigado Mario Fatelevich tiene el 77.89% de las acciones de la compañía antes mencionada. La Fiscalía sostiene que este inmueble tendría vinculación con supuestos pagos de sobornos que habría hecho la constructora brasileña Odebrecht.

La Fiscalía indica que hay tres bienes incuatados que fueron usados propiamente por la organización criminal que habría operado en “La Centralita”. Se trata de una impresora marca Sprinter, un llave de funcionamiento (parecida a un USB) y un estabilizador marca Ferroresonante, los cuales han sido entregados a la Conabi. Según testimonios de colaboradores, estos bienes fueron adquiridos para fines de publicidad electoral y estuvieron bajo la administración del investigado, Jorge Luis Burgos Guanilo, exasesor de Imagen de Álvarez. También se sospecha que son producto de la actividad de lavado de activos.

Además de las incautaciones hechas por la Fiscalía, a través de resoluciones judiciales, también hay un gran número de equipos de telecomunicaciones que han sido entregados al Ministerio Público, en el marco del proceso de colaboración eficaz al que se han sometido algunos investigados.

Específicamente, el colaborador eficaz 11-2014, ha alcanzado a la Fiscalía hasta 77 equipos de telecomunicaciones como reflectores LED, consolas de vídeos, trípodes, cámaras de vídeo, reproductores DVD, micrófonos, un sistema de alarma con sensores de movimientos, televisores, consolas de audio, reproductores Bluray, así como transmisores de televisión; entre otros.

Según el testimonio del colaborador en mención, estos bienes muebles “fueron adquiridos por la organización criminal con dinero de procedencia ilícita y se destinaron para ser utilizados en el desarrollo de ‘supuestas actividades societeras’ del Canal 25 (Nueva Corporación del Norte EIRL), del cual el acusado Leonidas Santos Cortez León, era un gerente general y el acusado Luis Alberto Cortez León, era su administrador de facto”.

Como se sabe a través de este canal - que desapareció tras la caida del régimen de Álvarez - se ensalzaba la imagen del exgobernador.

Todos los bienes entregados por el colaborador eficaz 11-2014 se encuentran internados en la Oficina de Almacén de Bienes Incautados del Ministerio Público.

Todos los bienes entregados por el colaborador eficaz 11-2014 se encuentran internados en la Oficina de Almacén de Bienes Incautados del Ministerio Público.

El colaborador eficaz 04-2014 también hizo entrega de una cámara DVCPROHD, marca Panasonic 3CCD que “vendría a ser efectos de delito de lavado de activos” y que también habría sido empleada por los integrantes del aparato de prensa para ensalzar la imagen de Álvarez.

CUENTAS. Dentro de las investigaciones, la Fiscalía solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través del oficio 45-2015, el congelamiento administrativo de fondos de los acusados del delito de lavado de activos en “La Centralita”, medida que fue convalidada el 6 de febrero de 2015, por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Posteriormente, el fiscal Chirre requirió el bloqueo o inmovilización de cuentas, decisión que fue respaldada por el Poder Judicial el 3 de marzo de 2015.

En total se dispuso la medida de bloqueo de cuentas bancarias, tanto en soles como en dólares, para 21 investigados, entre ellos : Abel Sánchez Cruz, Ángel Álvarez Aguilar, Darwin Espinal Adriano, Edward Román Príncipe Carvallo, Hernán Molina Trujillo, Jorge Luis Burgos Guanilo, Martín Bealunde Lossio, Rosa Alicia Olivares De La Cruz, Russell Binci López Sánchez, entre otros.

La Fiscalía señala en su documento que los acusados habrían “desarrollado actos de conversión, transferencia y ocultamiento de dinero y bienes de origen ilícito”. El escrito no precesia cuál es la condición actual de estas cuentas bancarias, aunque sí se debe puntualizar que en su requerimiento el fiscal Chirre ha pedido el archivo por lavado de activos de muchos investigados que estaban bajo la sospecha de este delito.