Caso “La Centralita” concluye con más de 80 personas investigadas

En total, la Fiscalía habría incluido a 85 personas, entre naturales y jurídicas, en pesquisa de emblemático caso de Áncash, que mañana lunes llega a su fin. El fiscal Elmer Chirre dará por concluida la investigación preparatoria y antes de fin de año emitirá su decisión de si acusa o solicita el sobreseimiento
Caso “La Centralita” concluye con más de 80 personas investigadas

Caso “La Centralita” concluye con más de 80 personas investigadas

29 de Octubre del 2017 - 08:52 » Textos: Gonzalo Horna » Fotos: Correo

Mañana lunes el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dará por concluida la investigación de uno de los casos más emblemáticos de corrupción que involucran al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar.

Se trata del caso “La Centralita”, inmueble ubicado en la urbanización La Caleta de Chimbote, y en donde se habrían planeado ataques a opositores, “estrategias” de campaña y hasta se habrían realizado pago a periodistas, policías y demás personas útiles para la supuesta organización criminal que habría liderado Álvarez Aguilar.

NO MÁS PLAZO. Aunque el fiscal Elmer Chirre Castillo, quien conduce las pesquisas, podría solicitar al juzgado un plazo de investigación suplementaria para diligencias no realizadas, fuentes al interior de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, informaron a Correo que el magistrado ha descartado esta posibilidad.

“El plazo que se fijó culmina el domingo, pero en sí la investigación se dará por concluida este lunes . El fiscal no solicitará más plazo, eso está descartado”, mencionaron las fuentes.

En caso, el fiscal Chirre hubiese optado por una investigación suplementaria, tendrían que haberla solicitado al juez de investigación preparatoria y se tendría que haber determinado en una audiencia pública.

INVESTIGADOS. El caso tenía inicialmente como investigados a César Álvarez y otras seis personas, entre comunicadores afines a la gestión del exmandatario y su asesor de Imagen, Jorge Luis Burgos Guanilo.

Sin embargo, tras el escándalo a nivel nacional por la presunta red de corrupción que se habría instalado en Áncash, la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en ese entonces representada por el fiscal Laureano Añanca Chumbe, incluyó a 52 personas más en la pesquisa, para quienes solicitó la medida de prisión preventiva. Con ello, la cifra de investigados subió a 69.

Sin embargo, las fuentes de Correo en la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, refieren que el fiscal Chirre concluye la investigación con un número total de investigados de 85, entre personas naturales y jurídicas.

Entre una de las personas jurídicas se tiene a la empresa Ilios Producciones, que habría servido de “fachada” para la operación de la denominada “Centralita”. Esta empresa está vinculada a Martín Belaunde Lossio, quien también cumple prisión preventiva por esta investigación.

Correo informó anteriormente de la inclusión de nuevos investigados como es el caso de Regina Mercedes Soto Pajuelo, Julinho Víctor Aguirre Soto y el comunicador chimbotano Juan Julián Sánchez Oliva, conductor del desaparecido programa de televisión “El No Negociable”, que se emitía por el canal 25, medio de comunicación en el que sus programas mayormente ensalzaban la imagen del detenido César Álvarez Aguilar.

Sin embargo este Diario ha tenido acceso a la resolución 290, emitida el 26 de octubre último, por la titula del Primer Juzgado Penal Nacional, María de los Ángeles Álvarez Camacho, en la que se dispone ampliar y formalizar investigación preparatoria contra Liz Evelyn Cueva Tomas, como “coautora” del presunto delito de asociación ilícita para delinquir.

ESPERA. El hecho de que concluya el plazo de la investigación preparatoria, supone que el fiscal ya no podrá programar ni realizar más diligencias en torno al caso. Sin embargo, aún se deberán esperar unos días, para conocer detalles del escrito de acusación que emita el magistrado.

En ese documento, el fiscal señalará si acusa o archiva la pesquisa en contra de los investigados. Una vez se cuente con el documento del Ministerio Público, el juzgado de investigación preparatoria deberá convocar a una audiencia de control de la acusación para evaluar cada uno de los elementos que pudo recolectar el fiscal y determinar si es que la acusación es tan sólida como para ingresar a la etapa de juicio oral. Estamos hablando que el caso ingresará a su etapa intermedia.

Las fuentes de Correo, indican que la acusación será presentada por el fiscal Elmer Chirre, de todos modos, antes de fin de año.

No obstante, trascendió que en los próximos días varios abogados de los investigados, plantearán recursos de control de plazo para que el juzgado emplace al fiscal Chirre a emitir su pronunciamiento lo más pronto posible.

ILÍCITOS. Para el Ministerio Público, en Áncash se habría conformado una organización que habría sido liderada por el exgobernador César Álvarez y secundada por el exalcalde de Chimbote, Luis Arroyo Rojas, quien también se encuentra detenido por este caso.

La Fiscalía señala que esta organización estaba debidamente estructurada y que el “aparato central” estaba conformado además de Álvarez y Arroyo por Milagros Asián Barahona (esposa de Álvarez), Martín Belaunde Lossio y los excongresistas por Áncash Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo Espejo.

Da cuenta también de la existencia de un aparato de prensa que habría sido dirigido por Belaunde Lossio.

La Fiscalía ha señalado que se habría pretendido hacer creer que la organización se solventaba con dinero de las polladas y cenas de gala que organizaban el Comité de Damas, pero testigos señalan que este comité “se manejaba con dinero de los diezmos”. De igual forma, habla sobre la existencia de un aparato de fuerza que habría sido manejado por los exdirigentes de construcción civil Víctor López Padilla y Modesto Mondragón Becerra, entre otros. Finalmente, sostiene que el aparato político y legal habría sido accionado por los exparlamentarios Benítez y Crisólogo, así como también por el ahora prófugo Luis Arroyo Guevara, quien tiene en su haber una sentencia confirmada por enriquecimiento ilícito.

Los delitos de que se investigan son asociación ilícita para delinquir, lavado de activos y peculado.