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La Contraloría identificó que 28 funcionarios o servidores públicos de Áncash tendrían presunta responsabilidad penal, administrativa o civil, según los informes de control posterior emitidos a mayo de 2022. Ellos prestan o prestaron servicio en municipalidades, redes de salud y hospitales.
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En el país
La entidad de control informó que en el país se han identificado a 1,607 personas implicadas en actos irregulares durante el ejercicio de sus funciones.
En los informes de control posterior se identificaron 2,830 responsabilidades y de ellas, 687 son de carácter civil (como consecuencia de ello, se presentarán demandas contra los funcionarios y/o servidores públicos por el perjuicio económico causado al Estado) y 685 son presuntas responsabilidades penales (donde se presentarán denuncias por presuntos delitos contra la administración pública).
Además, existen 1,402 presuntas infracciones administrativas leves, donde la entidad deberá adoptar medidas y 56 posibles infracciones administrativas graves o muy graves donde la Contraloría abrirá un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a los funcionarios y/o servidores.
A partir de este año, la entidad de control iniciará y procesará a funcionarios y/o servidores a quienes se ha determinado presunta responsabilidad administrativa PAS al haber recuperado su capacidad sancionadora.
Los PAS podrían culminar con la inhabilitación temporal para ejercer la función pública en caso de infracciones graves (no menor de 60 días calendario ni mayor a un año) y muy graves (sanción de uno a cinco años).
En Áncash
La Contraloría detectó presunta responsabilidad en 28 funcionarios de Áncash, de los cuales 27 se encuentran implicados en alguna infracción administrativa. En tanto, son 17 los que han sido observados por presunta responsabilidad civil y otros siete por actos de carácter penal.
Según la entidad de control, en la lista figuran nueve funcionarios de la Red de Salud Huaylas Sur. Entre ellos está el exdirector de la entidad, José Alzamora Maco, con presunta responsabilidad administrativa y civil. El referido médico, actualmente, se encuentra a cargo de la Red de Salud Pacífico Norte.
Los otros funcionarios involucrados son Alberto Flores Dextre, Alexandro Hinistroza Atahualpa, Miquer Luna León, Rita Luna Salvador, Ramiro Melgarejo Ramírez, Elias Rondo Ropa, Yliam Sánchez Arrieta y Jina Sánchez Cruzate.
Asimismo, han sido observados por la Contraloría ocho funcionarios del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Ellos son Roberto Atusparia Corsino, Dario Caya Queru, Eusebio Lirio Chauca, Carlos Loarte López, Wilmerth Moreno Vásquez, Doris Ramírez Salinas, Jorge Sabbagg Chacón y Carmen María Vargas.
También se encuentran implicados servidores públicos de dos comunas de la provincia de Casma. Una de ellas es la Municipalidad Distrital de Comandante Noel, donde se ha identificado presunta responsabilidad en Julio Avalos Avila, Eugenia De la Cruz Rojas, Charly Granados Regalado, Said Ticeran Valladares y Wilson Vigo Saldaña.
Los otros funcionarios prestan servicio en la Municipalidad Provincial de Casma. Se trata de Juan Goin Reyes, Juan Hualancho Paredes, Jhon Nivin Aguedo, Luis Pozo Rodríguez, Edwin Rojas Rojas y Renzo Sal y Rosas Cabanillas.
