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A nivel nacional Áncash ha sido considerada como una de las regiones más corruptas en gran medida porque sus últimos gobernadores regionales han sido enviados a prisión por estar inmersos en graves delitos en contra de la administración pública. En este contexto, Correo hizo una revisión de los planes de gobierno de aquellos que pretenden ocupar el máximo cargo de nuestra región y conocer qué proponen para combatir la corrupción en la administración regional, y de tal forma ya no vuelva a suceder lo mismo que en las gestión de César Álvarez Aguilar o Waldo Ríos Salcedo.
PLANTEAMIENTOS. En el plan de gobierno del partido Podemos por el Progreso del Perú, del candidato Luis Luna Villarreal, se menciona que “es urgente aplicar políticas orientadas a luchar contra la corrupción”. Sin embargo, en el apartado de propuestas no se hace mención a acciones concretas para combatir dicho flagelo.
El movimiento regional Hora Cero, del postulante Luis Haro Ames, presenta como propuesta para combatir la corrupción la “elaboración de un portal web único de transparencia de las obras públicas en alianza con las instituciones públicas y privadas para dar a conocer a la población en general”. Asimismo, propone “realizar una reingeniería orgánica en la parte administrativa del Gobierno Regional de Áncash”. Con estas acciones la agrupación política considera llegar a la ambiciosa y demágogica meta de erradicar al 100% la corrupción en el GRA al llegar al 2022.
En tanto, el movimiento regional Áncash a la Obra, del candidato Jesús Rodríguez Fuentes, considera en su plan de gobierno que “la corrupción y la informalidad se han generalizado en el gobierno regional”, por lo que plantean la reorganización administrativa y orgánica del GRA, bajo el argumento de que el actual modelo es deficiente y carente de sistemas de control. También plantea fortalecer e incentivar la participación de las organizaciones sociales y colegios profesionales. De igual forma, propone fortalecer al consejo regional y los sistemas de control en la gestión regional.
El movimiento regional El Maicito, del postulante Juan Rebaza Carpio, presenta como primera propuesta “mejorar y fortalecer el mecanismo de rendición de cuentas, acceso a la información, promoción de la ética y transparencia en la administración pública”. Otros planteamientos son “simplificación administrativa como estrategia para la lucha contra la corrupción”, “fortalecer el Sistema de Recursos Humanos para la prevención de la corrupción” y “desarrollar fortalezas en los órganos de control y supervisión”.
PLANES. En relación al plan de gobierno del partido Fuerza Popular, de la candidata Lady Camones Soriano, se indica como meta al 2022 “reducir los índices de corrupción cometidos por los funcionarios públicos y garantizar que los recursos públicos sean destinados al cumplimientos de las metas institucionales”. Sin embargo, no se precisa acciones concretas para alcanzar dicho fin.
El partido Juntos por el Perú, de la postulante Helvezia Balta Salazar, no presenta propuestas específicas para combatir la corrupción en su plan de gobierno.
La candidata Tania Ruiz Gomez, del partido Alianza para el Progreso, propone como alternativa “declarar en reorganización administrativa y orgánica el Gobierno Regional de Áncash para una mejor organización administrativa para ser más eficientes y eficaces en la gestión pública”. Del mismo modo, plantea “mejorar la transparencia del gasto público y el acceso a la información para recuperar la confianza de la población en sus autoridades”.
Por su parte, el Movimiento Acción Nacionalista Peruano (Manpe), del candidato Koki Noriega Brito, ofrece realizar rendiciones de cuentas a la población “las veces que sean necesarias”. También propone publicación de los actos de gobierno para conocimiento de los ciudadanos.
El movimiento regional Río Santa Caudaloso, de la candidata Victoria Espinoza García, asegura realizar una lucha frontal contra la corrupción y propone no licitar a través organismos internacionales. Asimismo, plantea una reestructuración orgánica de la administración regional.
El partido Perú Patria Segura, del postulante Gabriel Mejía Duclos, plantea como alternativa para combatir la corrupción el “reordenamiento y reestructuración orgánica, administrativa y funcional de la gestión regional”. Con esta acción, la organización política considera que en el 2022, al final del gobierno, se “contará con el reconocimiento ciudadano por hitos de erradicación de la corrupción en la organización regional”.
OTRAS PROPUESTAS. El Partido Aprista Peruano plantea en su plan de gobierno la ambiciosa y populista meta de “erradicar definitivamente la corrupción y la informalidad de la administración pública de toda la región Áncash”. Para lograr dicho fin propone la implementación del “gobierno electrónico”, que consiste en permitir a los ciudadanos tramitar sus expedientes por Internet “con lo cual la gestión publica se dinamizara y se evitara el trafico de influencias, con los famosos tramitadores, así como nos será posible evaluar el desempeño de todo el personal de la región”.
En tanto, el partido Restauración Nacional, del candidato Juan Calderón Altamirano, plantea como propuesta la “designación de funcionarios probos, sin antecedentes judiciales, penales y policiales en los cargos de confianza, así como sanción ejemplar e inhabilitación para aquellos que incurran en actos de corrupción”.
El Partido Popular Cristiano (PPC), del candidato Marco Villacorta Maldonado, no presenta propuestas específicas sobre el tema de la lucha contra la corrupción. En el apartado de dimensión institucional solo se propone “realizar actividades de planificación con mayor participación de la población”.
El partido Somos Perú, del postulante Juan Morillo Ullona, menciona como problema elevados índices burocráticos y de corrupción, por lo cual plantea la “implementación de reingeniería administrativa, en el GRA, así como en todos los gobiernos locales”.
Finalmente, el partido Siempre Unidos, del postulante Yemil Encarnación Valverde, ofrece transparentar toda la administración regional y el fortalecimiento de todos los niveles de fiscalización y control.
