La Fiscalía pide revocar la resolución que ordena la excarcelación de Álvarez

El fiscal de Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Elmer Chirre a diferido del criterio que tuvo la jueza del Primer Juzgado Penal Nacional de Investigación Preparatoria, María de los Ángeles Álvarez Camacho, quien declaró fundado el recurso de exceso de carcelería a favor del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez y otros cuatro investigados por el sonado caso “La Centralita”.

Por ello Chirre ha planteado un recurso de apelación con el cual busca que se declare nula aquella resolución judicial que favorece no solo a Álvarez Aguilar, sino también a otros investigados como el mayor en retiro de la Policía Nacional del Perú, José Luis Carmen Ramos; el exgerente del Gobierno Regional de Áncash, Hernán Molina Trujillo y el exdirigente de Construcción Civil, Víctor López Padilla.

En base al recurso de apelación del fiscal Chirre el último día de noviembre, es decir el pasado jueves 30, el colegiado de la Sala Penal Nacional de Apelaciones, realizó las audiencias de vista de la causa para los investigados Álvarez Aguilar, Carmen Ramos y López Padilla. En los tres casos, el tribunal se reservó su veredicto y anunció que lo notificará por despacho a las casillas electrónicas de los investigados.

DISCREPAN. La jueza Álvarez Camacho, aceptó el pedido de exceso de carcelería al que invocó la defensa de los investigados, porque se tomó como base el acuerdo plenario 01- 2017. Anteriormente, el Poder Judicial había dispuesto adecuar la ampliación del plazo de prisión preventiva por 12 meses más para Álvarez Aguilar y Carmen Ramos, quienes ya habían cumplido 36 meses de cárcel, plazo máximo fijado para los temas de organización criminal, antes de la vigencia de las modificaciones hechas Decreto Legislativo 1307.

No obstante, lo que ha cuestionado el Ministerio Público es que la jueza Álvarez Camacho está realizando “una interpretación restringida de la norma” y que además se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica al emitir la resolución a favor de los investigados.

Y es que la Fiscalía advierte que “la interpretación que se ha hecho, implicaría que los órganos del Estado, no tengan firmeza en sus resoluciones, en este caso específico, en el Poder Judicial, que ya había emitido una resolución consentida”.

A lo que se refiere el Ministerio Público es que antes de la decisión de la juez Álvarez Camacho, esta misma magistrada declaró fundado el pedido de adecuación de la ampliación de doces meses más de cárcel para los investigados. Incluso, esta adición al tiempo de reclusión fue conformada por un colegiado superior. Por ello cuestiona que esta decisión, confirmada en segunda instancia, “quedaría en el aire” y denotaría contradicción en las decisiones del Poder Judicial.

La Fiscalía señala también entre sus argumentos que los acuerdos plenarios “constituyen fuentes del derecho, pero no son normas procesales”.

También, hace mención a que este acuerdo plenario, tomado por los magistrados del Poder Judicial, fue adoptado en octubre de este año, fecha posterior a las resoluciones que se emitieron declarando fundadas las solicitudes de ampliación de prisión preventiva. En ese sentido, considera que debe ser aplicado solo para aquellos casos, posterior a octubre.

AUDIENCIAS. Las audiencias se realizaron por separado, pero en casi todas se usaron los mismos argumentos por parte del Ministerio Público. En el caso de la diligencia del exgobernador regional César Álvarez, la fiscal de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Lourdes Tello Pérez, fue la encargada de oralizar la posición del Ministerio Público.

La fiscal solicitó al juzgado que revoque la decisión de declarar el cese de la prisión preventiva para Álvarez. Se debe mencionar que en Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó en esta diligencia que Álvarez no ha abandonado el penal de Piedras Gordas, puesto que aún tiene vigente dos mandatos de prisión preventiva : uno por el caso Nolasco y otro por el asesinato de Hilda Saldarriaga Bracamonte, “La Mama”.

“El tema en cuestión ha sido sometido a un procedimiento que fue sometido a doble instancia. La parte demandante cuestionó los doces meses (más de cárcel), pero el órgano judicial confirmó el plazo de adecuación (...) Aquí no puede considerarse que hubo un exceso de carcelería, por cuanto ha habido una resolución firme e incluso en doble instancia”, expresó la fiscal durante la audencia.

A su turno, la abogada de Álvarez, Yesika Arteaga Narváez, alegó que no se puede hablar de inseguridad jurídica, porque el acuerdo plenario, fue adoptado por todos los magistrados.

“Las prisiones preventivas no puedes ser eternas, estaríamos hablando de condenas adelantadas”, dijo la letrada.

Para las audiencias referidas a José Luis Carmen Ramos y Víctor López Padilla, el encargado de sustentar la postura del Ministerio Público, fue el fiscal Claver Espinoza Dulanto, también de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El fiscal Espinoza usó básicamente los mismos argumentos de que se estaba atentando contra el derecho de “la seguridad jurídica” y además del debido proceso, con la resolución emitida por la jueza Álvarez Camacho, por lo que pidió que esta sea revocada.

En una de las diligencias participó el investigado José Carmen, quien afirmó ante el tribunal que desde que iniciaron las investigaciones por el caso “La Centralita”, siempre colaboró con las diligencias y que no tiene la intensión de obstrucción a la justicia. Su defensa informó que su patrocinado ha cumplido con realizar el pago de la caución económica y viene cumpliendo con todas las reglas de conducta establecidas por el juzgado, cuando se le otorgó su libertad.

“Yo desde un inicio me puse a derecho, no he sido obstruccionista a este proceso. A todos las audiencias que han convocado, he asistido. He estado tres años y medio privado de mi libertad sin llegar a una sentencia”, arguyó ante los jueces Carmen Ramos.

Para la audiencia correspondiente a Víctor López Padilla, su abogado no llegó, por lo que la sala solo escuchó los argumentos del Ministerio Público. Se debe señalar que el exdirigente de construcción no ha abandonado aún el penal porque tiene una orden de prisión por el caso Nolasco.

En la última audiencia del caso Nolasco, el abogado de Padilla también oralizó un pedido de excarcelación que quedó pendiente de resolver.