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La Contraloría emitió un informe en el que alerta sobre un riesgo de pérdida patrimonial y un presunto uso irregular de ingresos económicos por alquileres en el Instituto Superior Carlos Salazar Romero, situado en el distrito de Nuevo Chimbote.
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Alerta
La Contraloría publicó un informe de orientación de oficio referido a la falta de control administrativo y económico de los diversos espacios que son alquilados en el mencionado centro de educación técnica.
De acuerdo al personal de fiscalización, los servidores del instituto habrían estado alquilando los stands o ambientes, cochera y cancha de grass sin control administrativo y económico; situación que podría generar el riesgo de pérdida de algunos ambientes que se encuentran inmersos en procesos judiciales.
De igual forma, se advirtió que no se estarían adoptando las acciones respectivas ante la falta de pago de los alquileres y no habría un control efectivo de los ingresos por concepto de arrendamientos, lo que podría generar perjuicio económico a la entidad.
“De la revisión de la información remitida se advierte que los representantes del instituto Carlos Salazar Romero vienen alquilando los stands y locales; sin embargo, no se estarían adoptando acciones preventivas y correctivas de manera oportuna tanto para la suscripción de contratos de alquiler, el cobro de la merced conductiva, cobros de garantías, cobro por servicios de agua y energía eléctrica, así como para el recupero oportuno de los stands o locales ante los incumplimientos contractuales”, se precisa en el informe.
De acuerdo a la Contraloría, la situación expuesta viene generando deudas desde el 2021 y se vienen sumando deudas pendientes en el 2022.
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Normativa
El personal de la entidad de control también detectó que, según los reportes de egresos desde el 2018, el instituto contrató los servicios de un abogado, “sin embargo, se advierte que no se habrían estado adoptando las acciones legales oportunamente”.
La Contraloría mencionó que Edwin Alegre Diaz, en su condición de encargado del área de Actividades Productivas, y los directores generales del instituto, en el marco del Decreto Supremo N° 028-2007-ED que aprueba el Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales en las Instituciones Educativas Públicas, publicado el 9 de noviembre de 2007, han venido alquilando la cochera, el campo de grass y los stands o locales de la institución.
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La entidad de control precisó que si bien la normativa antes mencionada autoriza que las instituciones educativas puedan generar y administrar recursos propios por concepto de alquileres de campos deportivos y espacios disponibles sin afectar el desarrollo del servicio educativo; la mencionada norma también establece restricciones, responsabilidades y acciones de supervisión.
“A pesar de ello, no se advierte que se hayan estado adoptando las acciones preventivas y correctivas en tutela del patrimonio de la institución educativa, sino que contrariamente se habría estado disponiendo del patrimonio, así como de los ingresos obtenidos sin un control efectivo, lo que podría generar perjuicio a la institución educativa”, se detalla en el informe de la Contraloría.
