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La Procuraduría Ad hoc del caso Odebrecht planteó que el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, junto con los otros once acusados por presuntos hechos de corrupción cometidos durante la ejecución de la obra de la carretera Chacas - San Luis, paguen una reparación civil de 60 millones de soles al Estado.
Fue durante la primera audiencia de juicio oral, realizada ayer en el despacho de la magistrada Nayko Coronado Salazar, del Primer Juzgado Unipersonal Nacional.
La abogada de la Procuraduría Ad hoc señaló que de lo expuesto en la acusación de la Fiscalía, se infiere que habría existido “un pacto criminal”, que vendría desde el exgobernador regional, pasando por los funcionarios de su gestión para supuestamente favorecer al consorcio Carhuaz- San Luis , integrada por la cuestionada constructora Odebrecht.
Así las cosas, la defensa del Estado sostiene que como daño patrimonial se ha cuantificado en 27 millones de soles, como daño emergente otros 11 millones de soles más, mientras que por mayores gastos administrativos generales hay un agravio económico de 5 millones de soles.
Como lucro cesante, la Procuraduría considera que hay perjuicio de 10 millones de soles y como daño extrapatrimonial, se ha cuantificado en 35 millones de soles.
La abogada del Estado plantea que la reparación civil sea pagada en forma solidaria entre todos los procesados, en caso el Poder Judicial los condene.
La letrada refirió que el daño ocasionado podría ser mayor, pero debido a que el caso llegó a su despacho en un estadío avanzado, han decidido mantener ese monto de reparación civil, dejando abierta la posibilidad de que pueda emplear los mecanismos que la ley le ampara para asegurar el pago del daño al Estado.
ACUSADOS
El fiscal anticorrupción Wenceslao Apaza se reafirmó ayer en su acusación contra César Álvarez y compañía. El magistrado expresó, durante la audiencia, que existió “un pacto ilícito” para favorecer a la constructora otorgándole adicionales y adelanto por materiales que, según su pesquisa, no habrían estado debidamente justificados.Expuso que durante la ejecución de la obra existieron por lo menos 44 ampliaciones de plazo así como el pago de 17 presupuestos adicionales. Al final, la Región terminó pagando 559 millones de soles por los trabajos, lo cual representa un incremento del 38,16% del valor inicial con el que se firmó el contrato.
El Ministerio Público acusa a César Álvarez del delito de colusión agravada y solicita una pena de 8 años y 3 meses de cárcel. No obstante, la Fiscalía también ha planteado el delito alternativo de negociación incompatible, por el que pide 4 años y 8 meses de cárcel. Es decir, el juzgado podría declarar culpable por cualquier de los dos delitos a los acusados.
La acusación que trajo a juicio la Fiscalía se basa en cuatro hechos: el primero, tiene que ver con la tramitación y otorgación por concepto de adelanto de materiales a la empresa por un monto de 155 millones de soles, que se dio cuando aún no se iniciaban los trabajos y que superaba en hasta 50 millones de soles, el monto máximo permitido por ley.
Luego, indica que se realizaron trámites extemporáneas de ampliaciones de plazo, sin que se cuente con los requisitos indispensables, originando pagos por hasta 5 millones de soles al contratistas.
El tercer hecho está relacionado con adicionales de obras, concretamente con movimientos de tierra, que no estaban en el expediente técnico y lo cual dio pié a un pago “en exceso” de 11 millones de soles.
Finalmente, sostiene que se pagó por la instalación de policarbonato en el túnel, pese a que este trabajo, en realidad, nunca se hizo.
Además de César Álvarez, también se encuentran como acusados Germán Martínez Cisneros, Luis Alberto Díaz Vilca, Ivonne Bayona Guío, Lorenzo De La Cruz Sánchez y Moisés Ángeles Obregón
De igual manera son juzgados por este caso Leoncio Benito Mauricio Chu, Ángel Victoriano Rondán Ramírez, Roger Carranza Quiñonez, Mario Paralta Gibaja, Ricardo Paredes Reyes y Antenor Kjuro Beizaga.
OFERTA
El exgobernador regional siguió la audiencia mediante vídeo conferencia desde el penal de Piedras Gordas, donde cumple prisión preventiva. La juez Coronado adelantó que en la próxima audiencia del juicio, que se hará en el centro penitenciario donde está recluido César Álvarez, los acusados tendrán la posibilidad de decir si reconocen los cargos, ello les daría la opción de adelantar la sentencia en su contra.A esta audiencia no asistieron Germán Alejandro Martínez Cisneros (exgerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Áncash) y Luis Alberto Díaz Vilca, por lo que la jueza los declaró reo contumaz. Se debe mencionar que en el caso de Martínez Cisneros, se encuentra prófugo de la justicia, por otra orden de captura en su contra, incluso su nombre figura en la lista de los más buscados y el Ministerio del Interior (Mininter) está dispuesto a pagar una recompensa de 20 mil soles para quien ofrezca pistas de su paradero.