Se frustra acuerdo de terminación anticipada en caso de exservidora de PJ

Abogado Nelson Rivera se apersonó al proceso y la audiencia quedó en suspenso debido a que el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, en cuyo despacho se ventila la investigación, contrató anteriormente los servicios del letrado. Una sala superior definirá si el abogado sigue o no en el proceso
Se frustra acuerdo de terminación anticipada en caso de exservidora de PJ

Se frustra acuerdo de terminación anticipada en caso de exservidora de PJ

14 de Noviembre del 2018 - 10:06 » Textos: Redacción » Fotos: Correo

El pasado lunes 12 de noviembre, un sonado de corrupción referido a un presunto tráfico de influencias en el que habría incurrido una exservidora judicial de la Corte Superior de Justicia del Santa, podría haber llegado a su fin. Pese a que había un acuerdo de terminación anticipada - es decir, la investigada había reconocido su culpabilidad - el juzgado no pudo revisar dicho pacto debido a la presencia de un nuevo abogado que se presentó como defensa de la acusada.

SE FRUSTRA. El caso tiene como investigada a la exservidora Jhovanna Esperanza Gutiérrez Gonzales, a quien se le acusa de haber sido contactada por la hermana de un investigado por homicidio calificado para que brinde un “apoyo” en el caso de su pariente.

La pesquisa ya se encuentra judicializada, es decir, en etapa de investigación preparatoria y es conocida por el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, Jorge Luis Chávez Tamariz.

El magistrado había convocado a las partes para que se pueda exponer el acuerdo de terminación anticipada, pero la presencia del abogado Nelson Alí Rivera Moreyra, sorprendió en la sala de audiencias de la Corte del Santa. El letrado se presentó como el nuevo abogado de la investigada, pese a que al momento de haber firmado el documento donde reconocía los cargos que le imputaba el Ministerio Público, su defensa era ejercida por un abogado de la Defensa Pública.

Sucede que el juez Chávez ya había advertido antes al letrado Nelson Rivera que se abstenga de litigar en los casos que están en su despacho, esto, debido a que el abogado hizo las veces de defensa del magistrado en una investigación que afrontó anteriormente en la Fiscalía de la Nación.

Este presunto conflicto de intereses tendría que hacer que el juez Jorge Chávez se aparte de la investigación y deje que otro magistrado se aboque al proceso. Pero, el magistrado no optó por esta opción y rechazó el apersonamiento del abogado, en causa.

No obstante, Nelson Rivera, apeló la decisión del juez, invocando incluso el derecho al trabajo que tiene. Debido a este recurso, el juez Chávez se vio en la obligación de elevarlo ante un tribunal superior para que finalmente decida si él sigue o no conociendo esta pesquisa. Hasta que la Sala de Apelaciones no dé a conocer su resolución sobre este incidente, no se podrá llevar adelante la audiencia de terminación anticipada, refrieron fuentes judiciales de Correo.

Los representantes la Fiscalía Anticorrupción y la Procuraduría, quienes también estuvieron presentes en la audiencia, han mostrado su molestia por esta acción.

Se debe mencionar que actualmente, la servidora afronta la investigación cumpliendo mandato de prisión preventiva, el cual concluirá en diciembre próximo, según nuestras fuentes.

EL ACUERDO. Correo ha tenido acceso al acuerdo de terminación anticipada que fue firmado por las partes la tarde del pasado 16 de octubre en el penal Cambio Puente. El documento lleva la rúbrica del fiscal anticorrupción, Robert Rojas Ascón; el abogado de la Procuraduría Anticorrupción del Santa, Leovardo Lavado Rosales y el abogado Isaí Herrera Paredes, letrado de la Defensa Pública, quien patrocinaba a la extrabajadora de la Corte del Santa.

En este papel se dejó constancia que la investigada reconoce las imputaciones que le hace el Ministerio Público. En base a ello el fiscal postula una pena de 4 años y 6 meses de cárcel para ella por el delito cometido (tráfico de influencias).

No obstante, debido a la petición de su defensa de acogerse a la terminación anticipada, teniendo en cuenta la carencia de antecedentes penales de la acusada y aplicando la disminución del sexto de la pena, se determinó que la sanción por el delito que debería cumplir la investigada es de 3 años y seis meses suspendida.

Las partes también llegaron al acuerdo que la pena implicaría el pago de 400 días multa, equivalentes a 3,100 soles, los cuales deberían ser abonados en doce cuotas, así como la inhabilitación para ejercer la función pública ya sea por empleo o designación.

Para la reparación civil, se tomó en cuenta el monto de 4,000 soles, que habría recibido la servidora como parte del hecho imputado. En base a ello, el dinero a pagar a favor del Estado fue estimado en 8,000 soles, los cuales deberían ser pagados, la primera parte de S/ 666 a los cinco días de aprobado el acuerdo, y el dinero restante sería abonado en los próximos once meses, a través de depósitos judiciales.

El acuerdo establecía también que la extrabajadora judicial cumpla ciertas reglas de conducta, tales como comparecer cada treinta días ante el órgano judicial e informar de sus actividades a ese despacho, no cometer un nuevo delito doloso, pagar la reparación civil y la multa en las fechas acordadas y no varias su domicilio sin antes comunicarlo a la Fiscalía y al juzgado.

Aunque esta negociación ya contaba con la firma de todas las partes, se dejó constancia que aún faltaba la aprobación del juzgado de investigación preparatoria para que se haga efectivo.

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