Sentenciados no cumplen con pagar millonaria reparación civil

El pasado 25 de agosto de 2017, la Sala Penal Liquidadora de la Corte Suprema de Justicia, declaró no “haber nulidad” en la condena que se dictó contra el exalcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas y otros exfuncionarios de la Subregión Pacífico y empresarios involucrados en el sonado caso de la “desratización”, pero hasta el momento a las arcas del Estado no ha regresado ni un solo sol, del dinero con el que se defraudó al erario nacional.

La condena establecía el pago de una reparación civil de 250 mil soles, de manera solidaria por parte de todos los sentenciados, así como la devolución de 3 millones 269, 545. 59 soles (dinero que se pagó por la “desratización” que en la práctica no se dio).

NO ENCUENTRAN NADA. Una vez dictada la condena, la Procuraduría Anticorrupción del Santa, solicitó al juzgado de la Corte Superior de Justicia, ejecutar embargos en las cuentas bancarias que puedan tener los sentenciados, tanto como personas naturales y jurídicas. El juzgado accedió a esta petición, pero luego informó a la defensa del Estado, que no había hallado ni una sola cuenta bancaria a nombre de los acusados.

De igual manera, en su afán porque parte del dinero defraudado retorne al Estado, la Procuraduría Anticorupción, requirió a las oficinas en Áncash de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), remita una lista de los bienes, muebles e inmuebles de los acusados y sus empresas. En este caso, la respuesta que obtuvieron, también fue negativa, es decir los acusados de uno de los más escandalosos desfalcos a las arcas del Gobierno Regional de Áncash, no tienen registrado nada a su nombre.

EN TERCEROS. El abogado de la Procuraduría Anticorrupción del Santa, Leobardo Lavado Rosales, recuerda que la condena por el caso “desratización” es la primera y única con pena efectiva que mantiene tras las rejas al exalcalde Luis Arroyo Rojas.

El letrado ha mostrado su sorpresa por la falta de bienes y cuentas bancarias de los acusados. Sostuvo que la sospecha de la Procuraduría es que en realidad tendrían bienes o estarían desempeñándose en actividades empresariales usando a terceras personas, por lo que informó que la Procuraduría se encuentra tratando de reunir elementos que le permitan confirmar o descartar esta hipótesis.

“Estamos viendo la manera de cómo indagar si estas personas tienen bienes a nombre de otras personas (...) porque es como que estas personas, que han sido sentenciados, a la fecha vienen subsistiendo, si no tienen dinero o no tienen bienes, se podría presumir que podría que estén trabajando a nombre de terceras personas o que sus sueldos lo estén recibiendo tercera personas. Si eso es así, se estaría cometiendo un delito por parte de estos sentenciados y también por parte del funcionarios público que estaría avalando esta ilegalidad”, declaró a Correo el abogado.

Puntualizó que en el caso de las cuentas bancaria, sí se realizó a nivel nacional, pero en el caso de la Sunarp, aún está pendiente oficiar otras oficinas del territorio nacional para corrobar si no hay bienes registrados a nombre de los acusados.

“Estamos trabajando para hacer una búsqueda nacional (de bienes)”, dijo.

“Tenemos que ver la forma de indagar que tienen dinero o bienes y la única forma, es seguir haciendo requerimiento en Sunarp y banco, si bien es cierto, están sentenciados, pero tienen que cumplir con la reparación civil todos ellos y no vamos a descansar hasta que paguen el último centavo que ha sido requerido en esta sentencia en mérito a la reparación civil”, agregó luego Lavado Rosales.

CONDENAS. La justicia consideró que la acusación formulada por el Ministerio Pública tenía elementos suficientes para una condena. La Fiscalía sostuvo que se habría simulado la ejecución de una fumigación valorizada en más de 3 millones de soles, cuando Luis Arroyo Rojas, se desempeñaba al frente de la Subregión Pacífico. Para cometer el ilícito se habría contado con informes de conformidad de la empresa supervisora, por eso que también fueron incluidos los empresarios.

Así, se establecieron 12 años de cárcel para Luis Arroyo Rojas y 10 años de prisión para el empresario Luis León Portalatino. De igual manera, se condenó a 7 años de cárcel a los exfuncionarios de la Subregión Pacífico Luis Andrés Caipo Paredes y Dique Marco Vásquez.

Para Miguel Ángel León Estrada se determinó 5 años de cárcel, mientras que para el empresario Santiago Humberto Reyes Asenjo, el colegiado dictó cuatro años de cárcel suspendida por tres al igual que para Yoni Benites Saldaña. Finalmente para el empresario Wimer Alcántara Huertas - autor de la denuncia pero que fue incluido en la acusación - se dictó 3 años de pena suspendida por 2 años.

Estas penas son las que determinó la Corte Suprema, luego que la defensa de los acusados planteara recursos de nulidad a la condena de primera instancia que comprendía penas mayores, como en el caso del exalcalde Luis Arroyo, que se le dictó 15 años de cárcel.

DOS VECES. El tribunal de la Corte Superior de Justicia del Santa halló culpable dos veces a Arroyo Rojas y compañía de los delitos que imputaba les imputaba el Ministerio Público. La primera condena, con 15 años de cárcel, fue dictada en enero de 2015, sin embargo, luego un recurso de nulidad en la Corte Suprema de Justicia consiguió que se anule esta sentencia y que haga un nuevo juicio.

En el nuevo proceso, con los mismos elementos, el juzgado volvió a encontrarlos culpanles.