Cesan a tres comisionados de oficina defensorial en Apurímac

Contrariamente a lo afirmado por José Elice Navarro, el primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, de que no habrá reducción de personal en las oficinas defensoriales de todo el país, en las sedes Abancay y Andahuaylas, se registró la cancelación de los primeros tres contratos por modalidad CAS.

De esta manera, el número de comisionados y servidores contratados por CAS se redujo de ocho a seis en la Oficina de Defensorial de Abancay; en tanto, en el módulo de Andahuaylas fue cesado un comisionado.

En su oportunidad, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, en una carta cursada el 14 de diciembre del 2016, al titular de la institución recientemente elegido, Walter Gutiérrez Camacho, expresando su preocupación por la situación laboral de los trabajadores bajo el régimen CAS.

En ella se afirmaba que luego de conversar con el primer adjunto, este manifestó que no “existía una política de reducción de personal (…) en todo caso el personal que no renovaría sus contratos, sería estrictamente por razones presupuestarias, no superando a 20 trabajadores”,

Sin embargo, de acuerdo a lo informado por el Sindicato, a la fecha han cesado a cerca de 30 de trabajadores en todo el país, lo que ha originado fuertes críticas contra Gutiérrez Camacho, habiéndose presentado problemas en las oficinas defensoriales de Huánuco y Loreto.

Cabe precisar, para la Defensoría del Pueblo, según reporte de conflictos sociales en el país, la región Apurimac ocupa el primer lugar en conflictos sociales con 24 casos registrados y que requiere de un monitoreo permanente a fin de evaluar su evolución o latencia.