Exgerente del Gobierno Regional de Huancavelica pasará 8 años en la cárcel

Establecimiento Penitenciario de Huancavelica.

Actualizado el 26/04/2021, 10:57 a.m.

A diferencia de los demás sentenciados del caso “Feria Chanín 2015”, Rubén Orlando Huachaca Ortiz, exgerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH), pasará 8 años en el Establecimiento Penitenciario de Huancavelica.

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Audiencia de lectura de sentencia de la Sala de Apelaciones de la Corte de Huancavelica.

LECTURA DE SENTENCIA DE SALA DE APELACIONES

Observan lista de beneficiarios de chips de internet de la Universidad Nacional de Huancavelica

En el 2015, el GRH ejecutó el proyecto de mejoramiento de la comercialización de los Productos Agropecuarios de las 7 provincias, más conocido como “Feria Chanin”.

Entre las actividades de este proyecto estaban cursos talleres para el fortalecimiento de capacidades de productores agropecuario, y para tal fin, Huachaca designa a 6 personas: Laura Paredes Taype, Mario Caballero Pantoja, Rubén Clemente Zúñiga, Elva Javier Ramos, Alberto Laurente Gutiérrez y Jerónimo Emiliano Mancha Hilario, para que reciban el dinero de estas capacitaciones; montos que, tras ser recogidos por los 6 trabajadores, fueron entregados al exfuncionario.

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Cabe señalar que las capacitaciones no se realizaron y se encubrió el gasto del presupuesto asignado con informes elaborados con boletas de montos falsos y listas de asistencia fabricadas por 2 jóvenes, que en ese año realizaban sus prácticas en el GRH.

Para la Sala de Apelaciones, así como fue para el Colegiado de la Corte de Huancavelica, el exgerente tiene responsabilidad en el caso, sin embargo, la pena se le redujo de 10 a 8 años.

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Por otro lado, la Sala absolvió a los trabajadores, planteando que ellos no se quedaron con el dinero, ni elaboraron los informes, los cuales solo firmaron. No obstante, la Contraloría debería revisar si existe responsabilidad administrativa de los absueltos en este caso, a no ser que esté bien que los trabajadores firmen sin saber si lo que firman está dentro de los parámetros de la ley y las normas.

Cabe precisar que la Fiscalía plantea que las personas a las que se designa el dinero del Estado deben rendir cuenta a través de un informe veraz del gasto.