A un día de cumplir 102 años de creación, la Corte Superior de Justicia de Junín (CSJJ) ha anunciado serios desafíos como la carga procesal acumulada en la institución, ello como principal efecto de la pandemia del COVID 19, informado el presidente de la Corte Luis Samaniego Cornelio, quien ha evidenciado que la carga procesal para la institución ha llegado a crecer en un 200% motivado además por la digitalización de los procesos y los nuevos canales de ingreso de denuncias frente a la institución judicial. Pero lo más preocupante es que del total de la carga procesal que hay en la Corte en este momento que superó los más de 36 mil expedientes, la autoridad judicial los casos de corrupción simbolizan el 10% de todos estos, así lo refirió Samaniego Cornelio tras inaugurar un curso de capacitación a jueces de paz de la región, como parte de sus actividades de aniversario.

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La lucha anticorrupción es uno de los principales objetivos fijados por el Poder Judicial (JP) para el que se ha buscado atención con celeridad según ha informado el presidente, en este momento existen casos importantes y emblemáticos que suponen el esfuerzo de equipos grandes en su atención , por la cantidad de personas que se procesan. En esta línea de importancia de la autoridad judicial se ha reconocido que la resolución de los casos de corrupción puede ser larga y de extensas evaluaciones poniendo en riesgo la ejecución de las sentencias y la percepción de la población con respecto a estas.

En otro momento también se resaltó la importancia del trabajo conjunto con el Ministerio Público, quienes se encargan de recabar las pruebas de los casos de corrupción investigados y posibilitar así su juzgamiento.

Siendo Junín la tercera región a nivel nacional con más casos de corrupción, la deliberación y juzgamiento a los responsables logrará evidenciar la lucha contra este flagelo que le quita más de 22 millones de soles a la región.

Entre los casos emblemáticos que están juzgados se encuentran el de " Los Tiranos del Centro” presuntamente organización criminal que operaba desde la Municipalidad Provincial de Huancayo para hacer cobros ilícitos a negocios y ciudadanos que posiblemente fiscalizar, como los comerciantes y ambulantes de la capital de la Región Junín. Antes de que el caso fuera derivado a la capital, también se procesó a integrantes de la presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro” que se habrían dedicado al tráfico de licencias de conducir ya introducir a la economía nacional fondos ilícitos, que también habrían sido destinado al financiamiento de campañas políticas del gobierno regional de turno y del partido Político Perú Libre.

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Otro caso considerado emblemático es el de la presunta organización criminal “Los Patrones de Quichuay”, que se dedicaba al direccionamiento para la adquisición de bienes y servicios (uniformes para el serenazgo, recojo de basura, mantenimiento del sistema sanitario e higiénicos del municipio) y se debería apropiado de caudales y donaciones destinadas a programas sociales como Pensión 65 y Juntos.

“La Gran Familia”, sobre la tercerización en la contratación de médicos para el sector salud. Otro proceso resaltante es el seguido a autoridades de la VI Macropol, sobre la adquisición de alcohol, mascarillas, legía, entre otros productos para los miembros de la policía, hecho suscitado en plena pandemia del Covid 19.