La intervención de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que otorgó una medida cautelar en favor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ha generado una grave crisis sobre el equilibrio de poderes, el respeto al Estado de derecho y la democracia.

El Congreso de la República, en cumplimiento de su competencia constitucional expresa, presentó una solicitud por medio de su procurador ante el Tribunal Constitucional (TC) para anular dicha resolución, que obstaculiza la discusión parlamentaria sobre la investigación y remoción de los miembros de la JNJ. Esta medida del Legislativo se ampara en un fallo del TC, el cual establece claramente que el Congreso puede ejecutar sus funciones constitucionales, sin injerencia e intervención del Poder Judicial. Aquí no hay espacio para las interpretaciones,

Esta medida cautelar socava la interpretación constitucional establecida en una resolución firme del propio Tribunal Constitucional. Además, desafía flagrantemente la cosa juzgada constitucional y esto no puede ser ignorado, ya que fractura la esencia misma de la separación de poderes.

Nos encontramos en una crisis institucional al desafiar la autoridad del TC, lo que genera un precedente peligroso que amenaza la estabilidad democrática y del Estado de derecho. Ante este panorama, es imperativo restablecer el equilibrio constitucional y reafirmar la autoridad del TC como último guardián de la Constitución.

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