Mientras cientos de familias intentaban sobrevivir tras el devastador sismo del 18 de julio, la respuesta de las autoridades habría estado marcada por desorganización, demoras y deficiencias que terminaron golpeando a quienes más necesitaban apoyo.
Así lo advierte un informe de la Contraloría General de la República, que pone bajo la lupa la actuación de las entidades responsables de atender la emergencia.
informe de control
Apenas tres días después del sismo que sacudió la región Junín el 18 de julio, la Contraloría General de la República emitió el Informe de Orientación de Oficio n.° 039-2026-OCI/5341-SOO, en el que advierte una serie de situaciones adversas que evidencian serias deficiencias en la respuesta de las autoridades frente a la emergencia.
Entre las principales observaciones figura la falta de un empadronamiento oportuno de las personas afectadas, situación que habría impedido que varias familias accedieran a la asistencia que necesitaban con urgencia.
La Contraloría también advirtió que algunos damnificados permanecían expuestos al intenso frío y a condiciones de vulnerabilidad mientras esperaban la intervención de las autoridades.
En una emergencia donde las primeras horas son decisivas, las observaciones del órgano de control ponen en evidencia una respuesta institucional marcada por la descoordinación y las demoras.
El informe fue remitido al Gobierno Regional de Junín para que adopte medidas inmediatas destinadas a corregir las situaciones detectadas y evitar que las deficiencias continúen afectando a la población.
Si bien el documento no establece responsabilidades administrativas o penales, sí constituye una advertencia oficial sobre fallas que pudieron agravar las condiciones de quienes lo perdieron todo tras el movimiento telúrico.
El documento de Contraloria revela que las deficiencias no solo comprometieron la entrega de apoyo, sino también la capacidad del Estado para responder con eficacia en las primeras horas posteriores al desastre.
