El equilibrio entre soberanía nacional y organismos internacionales es esencial para el desarrollo de un Estado de derecho. La declaración de desacato por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacia el Perú es una total injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Sin embargo, es necesario entender que no hay desacato, dado que el indulto a Alberto Fujimori se ejecutó conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional.
El expresidente condenado por la masacre de la Cantuta y Barrios Altos, recibió un indulto en 2017 por razones humanitarias. La CIDH cuestiona este acto, pero debemos recordar que no hay desacato al tratarse de un acto soberano. Fujimori ha cumplido su condena, y el indulto es parte de la legalidad interna, nacional y presidencial.
Se percibe una clara politización por parte de la CIDH, con una evidente inclinación hacia la izquierda radical. Pese a ello, el Perú presentará un informe de cumplimiento de sentencia antes del plazo fijado, el 04 de marzo de 2024, demostrando su compromiso con el debido proceso y la transparencia.
No somos un paria internacional; somos un país que respeta sus obligaciones internacionales. El Perú no va a permitir injerencias, debemos garantizar que la intervención de la CIDH no traspase los límites de la soberanía nacional. La transparencia en el informe de cumplimiento evidenciara que la sentencia fue ejecutada, esclareciendo el tema sobre el inexistente desacato y reafirmando el compromiso del Perú con el derecho internacional.
