El Gobierno Regional de Junín (GRJ) no permitió, ayer, que alrededor de 25 trabajadores ingresen a laborar a pesar de haber obtenido medidas cautelares a su favor. Ellos habían sido retirados la semana pasada porque sus contratos de CAS permanente eran irregulares, según la institución. El gerente regional Roy Gonzáles señaló que, además, se trata de personal que está poniendo zancadillas a la gestión.

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Los trabajadores llegaron ayer hasta la puerta de la sede regional; sin embargo, no pudieron avanzar. El motivo lo había dado ya Gonzáles el pasado viernes. Al ser consultado por la consejera Norma Valdivia qué implicancias legales tenía los despidos de trabajadores, Gonzáles fue enfático: cada uno fue separado luego de una revisión detallada de su legajo.

Por otro lado, contó que sostuvo una reunión con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Cleto Quispe, a quien le mostró su incomodidad ya que el Poder Judicial viene dando medidas cautelares. Se refería justamente a las entregadas a los trabajadores que ayer protestaron.

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Según se supo, dichas medidas cautelares no son para que el Gobierno Regional reponga en su puesto a los trabajadores, sino para que conserve dicha plaza y el presupuesto que esta tiene. Una vez culminado el proceso si el trabajador gana deberá volver, de lo contrario dicho puesto deberá ser derivado a otro personal. “Estamos encontrando una oposición al trabajo que se hace día a día”, señaló el funcionario.

Estas últimas palabras dejan entrever que el retiro del personal no solo obedece a cuestiones legales sino también políticas. El gobernador regional Zósimo Cárdenas vinculó a los trabajadores retirados con la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”, otra razón para entender que hay un fuerte peso político en este caso.

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