GRJ pide retomar proceso contra Unchupaico y funcionarios por contrata de William Bejarano
GRJ pide retomar proceso contra Unchupaico y funcionarios por contrata de William Bejarano

La gestión del gobernador Vladimir Cerrón no esperó mucho para arremeter contra su adversario Ángel Unchupaico. La Procuraduría Regional pidió retomar la investigación contra la ex autoridad regional y sus funcionarios Javier Yauri Salomé, Melchora Ascurra Palacios y Renato Rojas Hidalgo por no acatar la inhabilitación que la Contraloría hizo contra el ex gerente de Infraestructura William Bejarano Rivera. Por ello el Ministerio Público dispuso la ampliación de la investigación y citó a los involucrados para dar su manifestación. 

PROCESO. El procurador Wilmer Maldonado Gómez presentó una queja de derecho ante la Tercera Fiscalía Penal Corporativa contra la disposición fiscal N° 04-2019-3 que dispone archivar esta investigación. Es conocido que Bejarano Rivera laboró como gerente de Infraestructura del ex gobernador. Sin embargo, fue retirado cuando la Contraloría General de la República los inhabilitó. Lo sospechoso fue que a pesar de ello Bejarano siguió laborando en las oficinas del gobierno regional, según Unchupaico, como su asesor personal.

El actual gobernador Vladimir Cerrón le puso el ojo a este caso desde antes de asumir el cargo. El vínculo de Bejarano con el gobierno regional de Ancash fue uno de los motivos.

A través de la cédula de notificación 6771-2019 la fiscalía dispuso citar a Elio Zúñiga Basto (denunciante), Javier Yauri, Renato Rojas y a William Bejarano para dar su descargo de este presunto delito. Asimismo, notificó al gobierno regional y a la Contraloría para que remita la documentación de este caso.

Por lo pronto, es conocido que sobre el funcionario de Unchupaico pesa una orden de captura.

CASOS. Fuentes al interior del gobierno regional señalaron que existen más de una decena de procesos contra la ex gestión en la que están involucrados las personas de confianza del ex gobernador y trabajadores.

DELITO. El presunto delito que se le imputa a los investigados es omisión o demora de actos funcionales.

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