La reciente decisión del JNE de permitir la inscripción de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), liderada por Antauro Humala, representa una amenaza para nuestro sistema democrático.
El argumento del JNE es que considera a Antauro Humala simplemente como un militante y no un dirigente de la agrupación, lo que resulta ser una interpretación técnica que ignora la realidad que envuelve a este deleznable personaje. Más allá de las formalidades estatutarias, el partido lleva el nombre de un criminal, asesino de policías y propagador de odio y violencia, pero el JNE parece pasar por alto este detalle, o acaso las iniciales A.N.T.A.U.R.O son una simple coincidencia.
El hecho de desear postularse a la Presidencia, sin haber pagado la reparación civil pendiente derivada del trágico episodio del “andahuaylazo”; impide su candidatura hasta que cumpla con su obligación y la pague. El peligro latente radica en la posibilidad de que un partido liderado por alguien con antecedentes violentos y antidemocráticos obtenga legitimidad en el proceso electoral.
La democracia no puede permitirse ser instrumentalizada por aquellos que buscan destruirla.
La legitimidad política no debe ser otorgada a quienes buscan cambiar el sistema a través de la violencia y el desprecio por la democracia.
Es crucial que el JNE garantice la coherencia entre sus decisiones, la ley y el sistema político, evitando así que individuos con historiales criminales obtengan una plataforma legítima para sus agendas antidemocráticas.
