En julio de 2019 un supuesto “hacker” ingresó al sistema informático de la y robó S/ 183 mil soles. Transfirió este dinero a una cuenta por un producto que nunca ingresó a la comuna. El alcalde de ese momento Henry López Cantorín, hoy sentenciado por corrupción, lo tomó con calma, como si fuera un pequeño altibajo de su gestión. Dijo que investigaría el caso, que los trabajadores pasarían por el polígrafo y no se volvió a hablar más del tema.

Ayer, agentes de la Fiscalía Anticorrupción, la Policía Anticorrupción y la Contraloría intervinieron la comuna en el marco de una investigación preliminar que busca hallar a los responsables de este caso, una organización criminal denominada “Los Incorregibles”, pero no solo en Huancayo. Resulta que son alrededor de 11 instituciones a nivel nacional a las que un “hacker” también les robó.

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Operativo en Huancayo

El operativo inició a las seis de la mañana en las instalaciones de la comuna, en el centro de Huancayo. A la par, los tres órganos intervenían la sede del Ministerio de Economía (MEF) en Lima, el Gobierno Regional de Apurímac, la municipalidad de Majes (Arequipa); la municipalidad de Victor Fajardo, en Ayacucho; el Gobierno Regional de Madre de Dios; el de Arequipa; la Municipalidad Distrital de Mara (Apurímac); la Municipalidad Distrital de Ricardo Palma (Huarochirí); la Municipalidad Distrital de Supe (Barranca) y la Municipalidad Distrital de Punta Negra. A nivel nacional, el operativo evitó la sustracción de 20 millones de soles del MEF.

En una breve explicación ante el pleno de Concejo Municipal, el gerente Jesús Navarro señaló que la intervención fue hecha en mérito a la carpeta fiscal N° 450-2019, por los presuntos delitos de peculado, lavado de activos y organización criminal. Los investigados son Miguel Ángel Salinas Camac (cabecilla); Pedro Yassir Uceda Peña (hacker); Isaías Castro Lozano (proveedor) e Irma Isidora Corzo Carretero (intermediaria).

Según la investigación Salinas dispuso “el desarrollo de conductas por parte de los integrantes de la organización” para el perjuicio de las instituciones y sus acciones estaban orientadas “a apropiarse de caudales estatales, regionales y locales ubicados en distintas regiones del país. Para ello se obtuvo información como el número de SIAF, registro de usuario, claves, etc”.

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A nivel local, lo que no mencionó el funcionario es el estado de la investigación. En agosto de 2019 se conformó una comisión en el Concejo de 5 regidores que nunca se pronunciaron a tiempo. Desde la Procuraduría tampoco se conocen los avances en esta investigación y respecto a los responsables del área afectada: Liz Fiorela Asparren Pérez, ex tesorera; Javier Bastidas, ex jefe de la oficina de Tecnologías de la información y Saúl Sihuay, ex gerente de Administración tampoco existió sanción evidente.

Según la Contraloría General de la República, hasta el mes de setiembre del año pasado se evidenciaron operaciones de manipulación del sistema informático en nueve informes de control que involucran un monto total de S/ 35′ 860, 808.26 que fueron transferidos a terceros sin vínculo laboral alguno con las instituciones involucradas.