El Ejecutivo promulgó la ley n° 32123 que crea el Sistema Integral Previsional Peruano, incorporando al Sistema Nacional de Pensiones (Oficina de Normalización Previsional - ONP) y el Sistema Privado de Pensiones (Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP). “Lo único positivo es que las cajas municipales y bancos podrán captar los fondos para las pensiones, y no solo las cuatro administradoras de fondos de pensiones (AFP)”, manifestó el economista Daniel López. Además, considera que el Congreso aprobó esta reforma solo como una medida populista y para “lavarse la cara”.
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Según la norma, el Sistema Integral Previsional Peruano dispone de un sistema único, universal, igualitario, inclusivo e integrado en una estructura multipilar, bajo administración pública y privada, y establece mecanismos para garantizar el pago de, al menos, una pensión mínima a sus afiliados.En esa línea, la pensión mínima sería S/600 y la afiliación obligatoria de los mayores de 18 años.
“Que sea obligatorio para los mayores de 18 años con vínculo laboral o no. Es contraproducente, desde los 18 años no son parte de la población económicamente activa, quizás desde los 21 en adelante. Además, hay desempleo a nivel nacional, por diferentes factores como la recesión o desaceleración económica. Muchos jóvenes están en la informalidad, así que debería considerarse desde que estén en la formalidad”, sostuvo López.
Agregó que no se trata del fortalecimiento del sistema de pensiones, sino de las AFP. “Establecen una pensión de S/600, cuando la remuneración mínima vital es de S/1025 y la canasta familiar pasa de los S/1500, no va acorde a la calidad de vida de los pensionistas”, remarcó.
De acuerdo a la norma, serán cuatro pilares: contributivo (administración y financiamiento son públicos); semicontributivo (compuesto por la ONP y las AFP). El Estado complementa los recursos necesarios para el pago de una pensión mínima o una pensión de jubilación proporcional especial.También está el contributivo (las prestaciones se financian con los aportes realizados por las personas afiliadas), y el voluntario (complementario al sistema y permite a las personas afiliadas mejorar sus pensiones). Se financia a través de asignaciones o aportes voluntarios (con fines previsionales).
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“Se tiene que proponer una reforma integral y esperamos que el Ejecutivo plantee mejoras a esta ley como la de incorporar a la población económicamente activa donde está el sector informal a fin de dar oportunidad de un seguro digno”, señaló el economista Pedro Parco.
Finalmente, Daniel López exhortó al Congreso a que consideren a especialistas de las universidades para que plasmen las iniciativas. “El Congreso ve si funciona o no. Si no funciona, sacan otra ley. Solo prueban, al igual que el Ejecutivo”, dijo. Asimismo, falta la reglamentación que saldrá en unos meses.
