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De acuerdo al portal estadístico del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en lo que va del año se registró 5 casos con características de feminicidio en el departamento de Huánuco.
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Con estos datos este departamento ocupa el tercer lugar después de Lima y Callao que tienen 9 y 6 casos, respectivamente. Aunque la región San Martín también tiene 5 casos.
De igual manera, el año pasado Huánuco registró 11 casos de feminicidio quedando en segundo lugar después de Lima con 21.
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El caso más espeluznante fue lo ocurrido el 11 de marzo del 2021 en la provincia de Pachitea. En el lugar denominado Rinco Achira (entre los distritos de Umari y Molino) fue encontrado los restos descuartizados de Teófila Fabián Rojas enterrado con un costal en un pozo. Hasta el lugar se movilizaron el fiscal Elmer Estrada Muñoz de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Pachitea y la Policía con los familiares de la mujer para el levantamiento de sus restos.
El hecho es materia de investigación y el único sospechoso, Gubencio Santillán Rivera (65) se encuentra con prisión preventiva. En poder de él fue encontrado el celular y cargador de la mujer asesinada.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco demandó al Gobierno Regional de Huánuco actualizar el portal del observatorio regional e incluir en los instrumentos de gestión, y en particular en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), en el Plan Operativo Institucional (POI) y en el Presupuesto Participativo (PP), las metas, indicadores y acciones que respondan a la problemática de la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar.
El pedido fue formulado tras verificar que, a la fecha, dicha dependencia solo ha ejecutado el 31.9 % del presupuesto de S/ 1 260 367 asignado por el gobierno central a la región.
En ese sentido, la institución recordó que, según lo establecido en la Ley n.º 30364, los gobiernos regionales y locales son responsables de formular políticas, así como regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar los planes, políticas y programas regionales, para sensibilizar, prevenir, detectar y atender toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Del mismo modo, se encarga de crear y conducir las instancias regionales de concertación, para promover la articulación y el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia en su jurisdicción. Además, debe incorporar en sus planes de seguridad ciudadana acciones de prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar y monitorear la efectividad de tales acciones en los espacios de coordinación de los comités regionales.
En el 2020 los centros emergencia mujer atendieron 2831 casos de diversas formas de violencia. De esta cifra, en 2567 de los hechos, las víctimas fueron mujeres. En tanto, el Boletín Estadístico de la Línea 100 indica que el año pasado un total de 4170 personas llamaron a este número para pedir ayuda o reportar una situación de violencia en la región.
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