Tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y una empresaria que era proveedora de servicios de la institución, fueron sentenciados por el delito de colusión agravada. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios culminó un proceso de investigación logrando la sentencia condenatoria.
La investigación a cargo de la fiscal anticorrupción Isabel Fernández Aquino determinó que Genoveva Tiburcio Cisneros, en su condición de subdirectora de Tratamiento Penitenciario del Oficina Regional Oriente del INPE, coordinó -como área usuaria- en octubre del 2012 con el jefe de Recursos Humanos para capacitar al personal sobre el tratamiento de los establecimientos penitenciarios de Huánuco y Pucallpa.
DENUNCIA
Dicha funcionaria presentó un plan de trabajo con lo que dejó en evidencia su interés para llevar a cabo este evento académico y posteriormente coordinó con la representante legal de la empresa “Altos Estudios Profesionales” representado por Alicia Páucar Flores, con quien realizó un acuerdo colusorio, para llevar a cabo sus pretensiones delictivas.
La fiscal Fernández Aquino demostró ante al juzgado que la empresaria Páucar Flores, tramitó la documentación correspondiente ante el jefe de adquisiciones identificado como Melchor Morales Espinoza, que, mediante adjudicación directa, conjuntamente, con el administrador de esa institución, Raúl Modesto Villaorduño contrató los servicios de la mencionada empresa sin considerar la fecha en que debía desarrollarse el curso.
Es más, a pesar que el evento de capacitación nunca se realizó, los servidores públicos del INPE y la proveedora suscribieron comprobantes de pago en los que se pagaron 7100 soles. Al quedar en evidencia esta situación, los encausados intentaron subsanarlo meses después; sin embargo, el hecho delictivo ya se había consumado.
POCOS AÑOS
Los funcionarios, Genoveva Tiburcio Cisneros, Melchor Morales Espinoza y Raúl Modesto Villaorduña y Alicia Páucar Flores (representante legal de la empresa Altos Estudios Empresariales), fueron sentenciados por la comisión del delito de colusión agravada a 3 y 5 años de pena privativa de la libertad suspendida y el pago de una reparación civil de 7100 soles; además por daño extra patrimonial deberán pagar 7000 soles; 180 días multa y suspensión e inhabilitación entre 1 año y 6 meses y 2 años y 10 meses.
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