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Serias irregularidades en la ejecución de un proyecto de irrigación en el centro poblado de Alcas, en la provincia de Ambo, valorizado en S/ 9.2 millones, el cual se encuentra inoperativo, reveló la Contraloría General de la República (CGR). Esta situación ha ocasionado un perjuicio económico al Estado de S/ 4 306 332.

La obra ejecutada por la Municipalidad Provincial de Ambo, tenía como objetivo irrigar 205 hectáreas de terrenos agrícolas en los sectores de Jatunrragra, Muñapata y Colqui, en el distrito de San Rafael, beneficiando a 75 familias. Sin embargo, el sistema no funciona debido al colapso de la red de distribución.

MODIFICACIONES SIN AVISO

Según el informe de Contraloría, el colapso se produjo por modificaciones realizadas durante la ejecución de la obra, las cuales no estaban contempladas en el expediente técnico. Estas alteraciones en el trazo de la línea de distribución y en las cámaras rompe presión generaron presiones superiores a los niveles permitidos, ocasionando rupturas y deformaciones en las tuberías.

Asimismo, las cámaras rompe presión —estructuras clave para regular la presión del agua— fueron reemplazadas por cámaras reductoras sin sustento técnico, lo que afectó el adecuado funcionamiento del sistema. También se detectaron diferencias en la cantidad y ubicación de estas estructuras respecto a lo establecido en el expediente técnico.

El contratista no ejecutó el cerco perimétrico en tres bocatomas, pese a que estos trabajos fueron valorizados y pagados. Del mismo modo, no se cumplió con el componente de capacitación técnica dirigido a los beneficiarios, aunque este fue cancelado en su totalidad sin evidencias que respalden su ejecución. A ello se suma la ejecución parcial de las acciones relacionadas con el impacto ambiental.

Otro hallazgo relevante es que durante seis meses se aprobaron pagos al contratista pese a la ausencia de personal clave, como el ingeniero agrónomo y el especialista en riego tecnificado. Incluso, se otorgaron conformidades por la participación parcial de otros profesionales. Los pagos indebidos por estos conceptos ascienden a S/ 114 000.

Estas deficiencias no solo afectan el acceso al agua para riego, sino que impiden cumplir con el objetivo del proyecto: incrementar la producción y productividad agrícola en la zona. Por estos hechos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal en dos funcionarios públicos.