La Contraloría General de la República identificó una situación adversa en la , a cargo del director José Luis Huamán Orosco, por el cumplimiento parcial de las disposiciones del Ministerio de Educación (Minedu) durante el de acceso a cargos directivos y de especialistas en educación 2025-2026.

Transparencia en riesgo

La observación principal señala que la entidad habría postergado las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades de los integrantes del Comité de Evaluación.

Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 026-2026-CG/OC0723-SOO, elaborado tras una evaluación realizada entre el 26 y el 30 de octubre, el Minedu había establecido tres medidas: habilitar excepcionalmente una plataforma para corregir un error del comité evaluador, establecer un cronograma extraordinario para continuar con las etapas pendientes e investigar las posibles responsabilidades de sus integrantes.

Respecto a la evaluación de los postulantes, el informe también señala que el 14 de septiembre de 2026 se publicó el cuadro de méritos para las plazas de especialistas en educación de la DRE y las UGEL. En dicho documento, los 3 postulantes consignados no recibieron puntaje debido a que figuraba la anotación «Pendiente de actualización de información». Posteriormente, la entidad corrigió la calificación en el rubro de trayectoria profesional de una postulante, lo que permitió igualar el puntaje final de dos participantes en 169 puntos.

Sin embargo, la principal observación de la Contraloría estuvo relacionada con la investigación de los integrantes del Comité de Evaluación. La DRE comunicó que, una vez culminado todo el concurso, remitiría la documentación correspondiente a la Secretaría Técnica para iniciar las investigaciones contra quienes resulten responsables. Esta decisión fue cuestionada porque el Minedu había solicitado determinar las posibles responsabilidades sin esperar la conclusión del proceso de selección.

El órgano de control advirtió que esta postergación podría afectar la transparencia del concurso público, el debido procedimiento y la adjudicación oportuna de las plazas. Asimismo, precisó que la demora en el deslinde de responsabilidades representa un cumplimiento parcial de las disposiciones ministeriales y podría comprometer los objetivos del proceso.

Finalmente, la Contraloría recomendó poner el informe en conocimiento del titular de la DRE Ica para que adopte las medidas preventivas y correctivas correspondientes. Además, solicitó que, en un plazo máximo de 5 días hábiles, se informe sobre las acciones implementadas o por implementar para atender la situación advertida, adjuntando la documentación que sustente la respuesta.

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