Luis Marcos desde antes de la reforma agraria utilizaba un camino contiguo al río Topará para llegar a su parcela. Él, al igual que otras familias del fundo Hacienda Vieja, ubicado en la zona de quebrada de Grocio Prado, han perdido el único ingreso que tenían hacia sus predios. Según acusan, un empresario de la zona colocó una tranquera, que evita no solo el pase de vehículos, sino que además dificulta la transitabilidad de las personas.
Cerrado con candado
El denunciante precisa que desde décadas se utilizó el área de la faja marginal como vía de comunicación para llegar a los terrenos agrícolas. Este hombre de la tercera edad, quien ya no tiene la misma fortaleza que antes, debe bajarse y caminar un tramo de cerca de dos kilómetros para estar en su propiedad. La barrera de fierro que está instalada en la orilla del río evita que ingrese la movilidad que lo desplazaba.
Situación similar afronta la agricultora María Nancy Mendoza. Ella señala que el empresario desde el inicio de la pandemia colocó la tranquera para evitar que personas ajenas ingresen a este sector. Asevera que hasta ese entonces todo iba bien porque el acceso seguía siendo libre. Luego se colocó un candado y se comenzó a limitar el pase. Finalmente, todo ingreso incluso el de los propietarios y habitantes del fundo quedó impedido.
Otro morador de la zona indica que con el anterior dueño no tuvieron esa dificultad y que a raíz de la llegada del empresario comenzó este bloqueo de la vía, que los deja sin ruta para el comercio de sus cultivos. Agrega que las familias de Hacienda Vieja no están usurpando la propiedad de nadie y que lo único que desean es volver a utilizar la faja marginal para seguir con sus actividades.
Los agricultores al no encontrar entendimiento de parte de la persona que colocó esta tranquera acudieron a la Autoridad Nacional del Agua (Cañete). La respuesta de la entidad es que no se ha aprobado el estudio de delimitación de ríos en quebrada. No obstante, precisa que el ancho mínimo de las fajas marginales en cauces naturales, como es el caso que reclaman los afectados, es de 10 metros.
En ese sentido, requieren a esta institución que prevalezca la Ley de Recursos Hídricos y en consecuencia se recupere la transitabilidad hacia sus predios.