Defensoría revela que la corrupción en Ica va en aumento

Ica es una de las veinte regiones del país que registra una tendencia a incrementar el número de casos de corrupción entre el 2016 y 2018, según la Defensoría del Pueblo que presentó la primera serie de “Mapas de la corrupción en el Perú”. El documento fue elaborado en base a los informes estadísticos de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción emitidos entre 2017 y 2019.

En 2016, Ica tenía 778 casos de corrupción de funcionarios en trámite, mientras que en 2018 esa cifra creció a 1040 casos. Se encuentran en trámite, según el Código de Procedimientos Penales (antiguo código), 75 casos (2016) y 95 casos (2018).

Ya con el Nuevo Código Procesal Penal se tiene en la región 945 casos el 2018 y 703 casos el 2016. En Ica, como a nivel nacional, el número de casos aumentó aproximadamente en un 32%.

PECULADO. Por el delito de peculado están en trámite en el Poder Judicial de Ica 361 casos (2018) y 292 (2016) casos. Este ha sido el delito más recurrente a nivel nacional.

Las regiones de Áncash, Loreto y Cusco registraron en el 2018 incrementos significativos en 74%, 72% y 71%; respectivamente.

El delito de peculado es el más recurrente a nivel nacional, representando el 34 % de los 40 mil 759 casos reportados en el 2018. Lima y Cusco son los departamentos con mayor número de casos de peculado a nivel nacional.

El delito de peculado consiste en apropiarse o utilizar dinero o bienes del Estado aprovechando el cargo público que se ejerce.

COLUSIÓN. El segundo delito más recurrente en 2018 fue colusión.

En Ica, en 2016, se tenía 136 casos en trámite en la vía judicial y dos años después aumentó a 185 casos. La región Pasco, el 2018, registró el mayor aumento de casos por este delito, hasta en un 85%, seguido de Junín con un 67%.

Añade el informe que Lima y Áncash son los departamentos que reportan el mayor número de casos a nivel nacional.

El delito de colusión se configura cuando un funcionario o servidor público, a razón de su cargo, interviene en cualquier etapa de la adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios para defraudar al Estado.