El Gobierno Regional tendrá más de S/ 1,743 millones, de los cuales el 75 % será destinado al pago de planillas, el 24 % a inversiones públicas y 1 % a costear la deuda.
El presupuesto público de Ica se incrementa, en promedio, en 13 % año tras año. En 2024, el Gobierno Regional contará con recursos que superan los S/ 1,743 millones, un 10 % más que los fondos transferidos desde el gobierno central este 2023. Pese a contar cada vez más con mayor presupuesto para ejecutar obras que satisfagan las necesidades de los residentes, Ica registra un avance presupuestal de 58.7 % hasta el 1 de noviembre. Esto revela un saldo pendiente por utilizar de S/ 128,257,036.
Distribución
Para los próximos 12 meses, Ica contará con la módica suma de S/ 1,743 millones, de los cuales el 75 % estará destinado al gasto corriente (pago de planillas, alquileres y servicios), el 24 % será asignado a la ejecución de proyectos y programas públicos y el 1 % al pago de la deuda.
Es preciso mencionar que el gasto corriente ha crecido durante los últimos años, lo que significa que el GORE Ica invierte mucho más dinero en el pago del personal de servicio que en la construcción de infraestructura pública como colegios, postas médicas, carreteras u obras de saneamiento. Según un informe de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), en 2024, la región transferirá S/ 1,313 millones al gasto corriente, mientras que el gasto en activos fijos (inversiones), solo contará con S/ 424 millones.
Respecto al gasto corriente, el 82 % corresponde al pago de personal que desempeña diversas funciones dentro del gobierno subnacional, mientras que el 10 % se invierte en el pago de bienes y servicios. El 8 % está destinado al pago de pensiones y demás prestaciones sociales.
Pese a que estas exorbitantes sumas de dinero, proveniente de los bolsillos de los contribuyentes, solo sirvan para pagar los sueldos de funcionarios públicos, lo cierto es que el financiamiento del departamento es óptimo, hecho que demuestra que, en teoría, no necesitan recursos extras para gestionar obras públicas en favor de los iqueños. No obstante, la ineficiencia de los gobernantes locales pone en peligro la ejecución presupuestal y la calidad de servicios estatales que reciben los residentes de la zona.