En el contexto de inseguridad que afronta la región Ica, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) alertó sobre las graves deficiencias en la capacidad técnica de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según Carlos León, economista de REDES, el Estado debe replantear la estrategia de asignación de recursos para priorizar la inversión en el fortalecimiento de las competencias técnicas y operativas de la PNP, a fin de combatir de manera efectiva la ola de criminalidad.
Aumenta la criminalidad
“El aumento de los niveles de criminalidad nos preocupa a todos; sin embargo, las acciones desplegadas hasta la fecha –como las declaratorias de estado de emergencia– no son respuestas adecuadas. Estas estrategias no logran disuadir la perpetración de delitos si no hay un trabajo de investigación detrás. Para enfrentar esta situación, es fundamental que las diferentes instancias del Estado inviertan eficientemente en fortalecer las capacidades técnicas de la Policía a través de tecnología y formación”, dijo León.
Al respecto, Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, resaltó que el presupuesto de la PNP está destinado principalmente al pago de salarios, lo que deja un margen limitado para invertir en investigación criminal y en mejorar la infraestructura de las fuerzas policiales. “La falta de inversión en tecnología y en el desarrollo de estrategias de inteligencia está afectando gravemente la capacidad de la PNP para hacer frente a un contexto de incremento de homicidios y delitos organizados”, señaló.
¿En qué estado se encuentran las Unidades de Investigación Criminal?
En todo el país, existen 114 Unidades de Investigación Criminal o Criminalística, que incluyen los Departamentos de Investigación Criminal (DEPINCRI), Oficinas de Criminalística (OFICRI) y los Laboratorios de Criminalística. Los DEPINCRI deben cumplir, principalmente, con la identificación y captura de los autores de hechos delictivos, y la obtención de las evidencias. En este trabajo, se apoyan en las OFICRI y los Laboratorios de Criminalística. Se trata de un proceso que depende en gran medida de la disponibilidad de tecnología y equipamiento adecuado. Sin embargo, a nivel nacional, cerca del 65% de las Unidades de Investigación Criminal o Criminalística opera en condiciones inadecuadas.
Otro dato preocupante es que el nivel de equipamiento de la OFICRI Ica se encuentra en 16.5%, nivel que no permite el adecuado procesamiento de pruebas. Esto demuestra una deficiencia en la disponibilidad y calidad de equipos de cómputo y de laboratorio utilizados, por ejemplo, para la determinación de restos de disparo de arma de fuego. Al no contar con recursos clave, los Laboratorios de Criminalística no pueden procesar y verificar las pruebas obtenidas. Así, la ausencia de pruebas periciales puede llevar al archivo de casos.
“La falta de equipamiento adecuado para el procesamiento de pruebas, como se evidencia en la OFICRI de Ica, interrumpe significativamente los procedimientos de administración de justicia. Esta deficiencia no solo obstaculiza las investigaciones criminales y la lucha efectiva contra el delito, sino que también perpetúa la impunidad. Además, debilita la confianza ciudadana en las instituciones al dejar a las víctimas en un estado de indefensión, privándolas de una resolución oportuna de sus casos, y agravando la percepción de ineficacia del sistema”, señaló León.
¿Cuál es el impacto económico de la delincuencia?
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2024), el crimen en general le cuesta al Perú hasta 2.8% de su PBI anual, equivalente a S/26 mil millones en el 2022. Esta cifra es más de 6 veces el presupuesto asignado para enfrentar la emergencia del Fenómeno El Niño en 2023.
“La inseguridad no solo impacta directamente la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que también genera costos económicos significativos y menos evidentes, como el alejamiento de inversiones nacionales y extranjeras. Este problema reduce la competitividad del país al aumentar los riesgos percibidos por los inversionistas, afectando el desarrollo económico y la generación de empleo. La situación se agrava cuando las decisiones de las propias autoridades incrementan la percepción de inestabilidad e incertidumbre, debilitando aún más la confianza en el entorno institucional y en la capacidad del Estado para garantizar seguridad y gobernabilidad”, señaló León.
De hecho, en los últimos 10 años, la inversión privada ha caído en promedio un 1.3% al año, sin contar los años de pandemia. Esto es muy distinto al incremento de inversión privada de 13.8% que registramos entre 2004 y 2013. Recordemos que la economía iqueña creció 2.6% en el tercer trimestre de 2024, por debajo del crecimiento nacional de 3.8%. En ese sentido, superar la crisis de criminalidad puede ser clave para recuperar la inversión privada perdida en los últimos años, fomentar la creación de empleos e impulsar el crecimiento económico.
“La declaratoria de Estado de Emergencia no es suficiente para combatir eficientemente el crimen. Es urgente priorizar el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la PNP, la inversión en tecnología, y las estrategias basadas en inteligencia. Mientras no seamos capaces de capacitar y equipar adecuadamente a nuestras fuerzas del orden, además de sancionar efectivamente el crimen, las medidas tomadas no tendrán los resultados esperados”, concluyó el especialista.
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