La indignación crece entre padres de familia y vecinos del distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica, luego de que un hombre que reconoció haber cometido actos obscenos frente a un colegio inicial fuera sentenciado, pero quedara en libertad bajo una pena suspendida.

Proceso judicial

Se trata de Carlos Alfredo Gutiérrez Azañedo de 52 años, quien aceptó su responsabilidad en el delito contra la libertad sexual en la modalidad de exhibiciones obscenas. El Poder Judicial le impuso una condena de 3 años y 4 meses de prisión suspendida tras acogerse a un proceso de terminación anticipada.

El caso generó rechazo inmediato, no solo por la naturaleza de los hechos —ocurridos frente a niños de entre 3 y 5 años— sino también porque el sentenciado fue visto saliendo de la Unidad de Flagrancia y caminando por la zona, lo que encendió la preocupación de las familias.

Decenas de padres se concentraron en los exteriores de la sede judicial para exigir una sanción efectiva. Con pancartas y reclamos, pidieron que el hombre abandone la zona y que las autoridades reconsideren la medida.

Según denunciaron, el sujeto ya venía merodeando el colegio días antes del delito. Incluso, aseguran que fue fotografiado mientras realizaba actos indebidos en la puerta principal de la institución educativa en horas de la mañana.

“Esto no es de ahora, el hombre ya llevaba varios días viniendo. No solo aquí, también circula su imagen en redes donde lo señalan por hacer lo mismo en otros colegios iniciales y de primaria. Incluso este sujeto se ha alquilado un cuarto cerca al colegio por tres meses y tiene una moto lineal por donde pasa por la escuela”, relató una madre de familia, quien además afirmó que el hombre habría realizado gestos amenazantes cuando fue confrontado.

El hecho ocurrió en la cuadra 2 de la avenida José Carlos Mariátegui. Un suboficial de la Policía Nacional, que se encontraba de vacaciones, intervino tras recibir el llamado de alerta de los vecinos. El agente logró reducir al sujeto en el momento en que presuntamente cometía los actos, evitando que continuara con su conducta frente a menores.

Tras la intervención, fue detenido en flagrancia del delito, luego trasladado a la comisaría y puesto a disposición de la Fiscalía Provincial Penal de turno.

El abogado de las familias afectadas, César Astocaza, explicó que el acusado confesó el delito, lo que permitió aplicar una reducción de la pena dentro del marco legal. Aunque la sanción por este tipo de delito puede alcanzar hasta seis años de prisión, la ausencia de antecedentes y la admisión de culpa derivaron en una condena suspendida.

No obstante, el sentenciado deberá cumplir estrictas reglas de conducta. Entre la medida judicial también se ordena que debe abandonar el lugar donde residía en un plazo de 48 horas, por exigencia de los vecinos.

Astocaza advirtió que, si el hombre reincide en un delito similar o comete otro ilícito doloso, la pena podría convertirse en efectiva y será trasladado a la cárcel.

A pesar de las condiciones impuestas, los padres insisten en que la medida resulta insuficiente ante el riesgo que representa para los menores. “No podemos esperar a que ocurra algo más grave”, señalaron.

La liberación del sentenciado ha intensificado el temor en la zona, donde la comunidad exige mayor vigilancia y acciones más severas para proteger a los niños.

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