La región Ica se convirtió en la jurisdicción fiscal con el mayor número de detenciones por el delito de omisión a la asistencia familiar durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el más reciente informe estadístico del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva del Ministerio Público.

Más de 400 detenciones

Las cifras, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, muestran que el distrito fiscal de Ica registró 449 detenciones ejecutadas por mandato judicial, ubicándose en el primer lugar a nivel nacional. En el ranking le siguen Lambayeque, con 344 personas detenidas, y Lima Centro, con 332 intervenciones.

El informe consolida información de 34 distritos fiscales del país y reporta que, durante los tres primeros meses del año, se realizaron 4.206 detenciones por este delito, una cifra que evidencia que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias continúa siendo uno de los principales motivos de intervención judicial en el Perú.

La omisión a la asistencia familiar constituye un delito tipificado en el Código Penal y se configura cuando una persona incumple el pago de una pensión alimenticia establecida mediante resolución judicial firme. En estos casos, el proceso puede derivar en una orden de captura y, posteriormente, en la detención del obligado, además de otras consecuencias legales.

Perfil de los detenidos

El informe también presenta un análisis por grupos de edad. La mayor concentración de personas detenidas corresponde al rango de 38 a 47 años, con 1.564 intervenciones, lo que representa el grupo etario con mayor incidencia.

En segundo lugar aparecen las personas de 28 a 37 años, con 1.491 detenciones, mientras que los demás grupos de edad también registran cientos de casos distribuidos en las diferentes jurisdicciones fiscales del país.

Estas cifras muestran que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias se concentra principalmente en población económicamente activa, precisamente en edades en las que la mayoría de personas mantiene responsabilidades familiares.

El incumplimiento reiterado del pago de la pensión alimenticia puede generar responsabilidad penal. Cuando existe una sentencia judicial que ordena el pago de alimentos y esta no es acatada, el beneficiario puede solicitar que el caso sea derivado a la vía penal por el delito de omisión a la asistencia familiar.

Entre las consecuencias previstas por la legislación peruana se encuentra la imposición de una pena privativa de libertad, además de la inscripción del deudor en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), una base de datos oficial que puede generar restricciones para realizar diversos trámites y acceder a determinados servicios o contrataciones con el Estado.

Cómo iniciar una demanda de alimentos

Las personas que requieren solicitar una pensión alimenticia pueden iniciar el proceso judicial sin necesidad de contratar un abogado. El Poder Judicial pone a disposición un Formulario de Demanda de Alimentos, de acceso gratuito, que puede descargarse desde su portal institucional.

Para presentar la demanda es necesario contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) del menor, la partida de nacimiento y, de ser posible, información sobre el domicilio del demandado. Asimismo, es recomendable adjuntar documentos que acrediten los gastos del niño o adolescente, como recibos de servicios, gastos médicos, matrícula o pensiones escolares.

La documentación debe presentarse ante el Juzgado de Paz Letrado correspondiente al domicilio del demandante o del demandado, donde se iniciará el proceso para determinar la obligación alimentaria y, de ser el caso, establecer el monto de la pensión.

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