Los casos de riesgo de desprotección o desprotección familiar en contra de los niños, niñas y adolescentes, continúan reportando cifras altas en la región Ica, donde en los ochos primeros meses del 2022, ya se han notificado cerca de 500 menores en esa situación de vulnerabilidad, muchos casos ligados al deceso de sus padres, violencia familiar, abandono, violencia sexual, trata de personas y otros.

Reporte a escala regional

Según las estadísticas de la Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, desde enero a agosto del presente año, un total de 491 niños, niñas y adolescentes fueron ingresados a la Unidad de Protección Especial (UPE) en la región Ica, de los cuales 409 pasaron una evaluación con profesionales ya que se encontraban en situación de riesgo o desprotección familiar, al evidenciarse que sufrían de abandono familiar, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, trata de personas, trabajo infantil, orfandad y también otros riesgos que vulneren sus derechos a la educación, salud.

La data revela que las menores de sexo femenino fueron las mayores víctimas, con más de 300 casos, así como también 190 del sexo masculino. Asimismo, según el grupo de edad, las y los adolescentes de 12 a 17 años fueron los más expuestos a estar en riesgo o desprotección familiar, ya que en ese grupo etario se registran 236 casos, también 155 niños y niñas de 6 a 11 años fueron víctimas de algún tipo de maltrato o se les vulneró sus derechos. En algunos casos pese a que se orientó a las madres, padres o responsables para que asuman un adecuado rol parental, continuaron en el incumplimiento, por lo que se inició un procedimiento por desprotección familiar y se tuvo que realizar la separación temporal de la niña, niño o adolescente de su entorno familiar.

Medidas de protección

Ante ello, la directora de la UPE Ica, Mercedes Alcántara Vásquez, indicó que los casos más recurrentes corresponden cuando la familia se involucra en el delito de violencia hacia la mujer o integrantes del grupo familiar, además que también se ha comprobado que en el departamento iqueño se registran adolescentes víctimas de trata de personas, muchas de nacionalidad venezolana que habrían sido traídas al Perú con fines delictivos. La cifra indica que en lo que va del 2022 son 29 niños, niñas y adolescentes extranjeros que fueron ingresados a la UPE, de los cuales 20 son de nacionalidad venezolana.

“El año pasado hemos logrado repatriar a dos adolescentes venezolanas a su país, y también dictamos medidas de protección que se efectúan debiendo separar a los hijos de sus padres, ya que se comprueba la afectación de los niños en sus derechos fundamentales”, declaró. En la misma línea, señaló que existe una mayor exposición de menores en situación de riesgo de desprotección en sectores como La Expansión Urbana, Villa Rotary, Barrio Chino, en el distrito de Salas Guadalupe, en estas zonas los padres se dedican a trabajar en agroexportadoras, dejando a sus hijos sin el cuidado de un adulto mayor, y en muchos casos el hijo o hija de mayor edad debe asumir el rol parental

“Sabemos que los padres que salen a trabajar a los fundos, sobre todo las madres solteras y los niños se encuentran en situación de presunto riesgo al estar solos, sin embargo, el tema de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes no respeta estrato social y puede ocurrir en cualquier lugar”, dijo.

Finalmente, añadió que cualquier situación de riesgo o desprotección familiar, puede ser comunicada a la línea 1810 o comisaría más cercana, ya que la UPE trabaja de manera conjunta y también atiende casos derivados de la Demuna, Ministerio Público, Policía Nacional y los CEM del programa Aurora.

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