OCI acusa que UGEL Chincha no atendió solicitudes de información

El Órgano de Control Institucional (OCI), a través del Informe N° 004-2020, acusa que la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chincha, incurrió en el “incumplimiento en la atención de solicitudes de información”.

Se adjunta en la documentación, que se elaboró desde el 5 de noviembre hasta el día 16, el caso no atendido de cuatro ciudadanos, “situación que genera malestar en las entidades públicas en su condición de administrados”.

Casos reportados

La comisión de control, adscrita a la sede educativa, cita la situación de Maura Brígida Bendezu Vda. de Avalos. Señala que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitó en octubre del 2019 la fiscalización del régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530 con relación a la beneficiaria. OCI en febrero y marzo solicitó información al titular de UGEL Tulio Renwick, en ambos se anotó: “no se ha tenido respuesta alguna”.

El segundo caso advertido por el órgano de control corresponde a la “pensionista beneficiaria Lily Ugarte Solano de Almeyda”. Se menciona que en junio de este año, la ONP solicita -a ejecutora en educación de Chincha- información relacionada al régimen pensionario de la ciudadana. Al no obtenerse resultado OCI intervino y mediante oficio solicitó “información respecto al caso. (…) no obstante al tiempo transcurrido no se ha tenido respuesta alguna”.

El tercer expediente, que está nombrado en el Informe, aborda la situación de Luisa Natalia Conde Garayar de Galindo. Se advierte de la existencia de varios oficios solicitando a la máxima sede educativa de la provincia “información sobre la situación” de la servidora cesante “a fin de dar cuenta a la ONP y la Gerencia Regional de Control”. El último documento tiene fecha 11 de setiembre de 2020.

El último caso citado es del ex subdirector de la institución educativa emblemática Andrés Avelino Cáceres, Víctor Raúl Almeyda Ruiz. En este al igual que el anterior no se obtuvo respuesta. OCI concluye que estos hechos “genera el riesgo de que los derechos de los administrados no sean atendidos oportunamente, por in incumplimiento de los términos y plazos contemplados en la normativa vigente”.