La Municipalidad Distrital de Humay, en la provincia de Pisco, se encuentra bajo observación tras una alerta de la Contraloría General de la República por una deuda de S/ 61,700 correspondiente a aportaciones y multas vinculadas al Seguro Social de Salud (EsSalud).
Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 16800-2026-CG/PREV-SOO, emitido el 2 de octubre de 2026, las obligaciones se encontraban en cobranza coactiva al 23 de septiembre, situación que podría generar mayores costos para la entidad y comprometer la disponibilidad de recursos públicos.
Situación en municipio
De acuerdo con el documento de control, la deuda comprende cuatro obligaciones pendientes correspondientes a periodos entre 2020 y 2024, identificadas a partir de información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Del monto total reportado, S/ 61,087 corresponden a una obligación relacionada con la pérdida de un fraccionamiento tributario, mientras que los S/ 613 restantes corresponden a tres órdenes de pago. La Contraloría advierte que el saldo podría incrementarse por intereses moratorios, recargos y gastos del procedimiento mientras no se regularicen las obligaciones.
Uno de los aspectos más sensibles de la alerta está relacionado con los posibles efectos sobre los trabajadores municipales. El órgano de control advierte que el incumplimiento de las aportaciones podría generar riesgos para la cobertura de salud y el acceso oportuno a determinadas prestaciones económicas, como subsidios por incapacidad temporal, maternidad y lactancia, según las condiciones legales aplicables. Asimismo, la permanencia de la deuda en cobranza coactiva podría dar lugar a medidas cautelares, incluidos embargos, con eventuales repercusiones en la disponibilidad presupuestaria municipal.
Ante esta situación, la Contraloría dispuso que la municipalidad a cargo del alcalde, Carlos Alberto Sulca, adopte las medidas preventivas y correctivas correspondientes y comunique al Órgano de Control Institucional las acciones realizadas o por realizar, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles establecido en el documento, adjuntando el sustento respectivo.
Entre los aspectos que requieren aclaración figuran el saldo actualizado de la deuda, las circunstancias que ocasionaron la pérdida del fraccionamiento y las gestiones efectuadas para regularizar las obligaciones. La documentación también señala que existen alternativas legales y presupuestarias que podrían evaluarse para atender estos compromisos, de acuerdo con la normativa vigente.
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