En la provincia de Pisco, se ha firmado un Convenio Interinstitucional de Asignación de Educadores entre la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ica, la Dirección Regional de Educación de Ica (DRE Ica) y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Pisco.
Por primera vez en Pisco
Es un compromiso del gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, con la educación y el desarrollo integral de la niñez y juventud de la región iqueña. “Continuaremos trabajando de manera articulada con nuestros aliados estratégicos por el bien de nuestros jóvenes”, indicó Hurtado, en la reunión de la firma de convenio, reafirmando el trabajo colaborativo que viene impulsando la gestión regional educativa.
La firma de este convenio fue tras gestiones entre la directora regional de Educación de Ica, Millie Álvaro, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, Carmen Huayre, y Patricia Tipismana, directora de la UGEL Pisco, quienes cristalizaron esta alianza a favor de la provincia. Acompañaron el acto protocolar Nelly Chacaltana y Alberto Lima, representantes de la DRE Ica.
El objetivo del convenio, responde a la urgente necesidad de fortalecer la justicia juvenil restaurativa, priorizando la atención especializada de adolescentes en conflicto con la ley penal. Poder restablecer los vínculos sociales afectados, garantizar la protección de los derechos de los adolescentes y asegurar una adecuada reparación del daño a las víctimas.
Asimismo entre las funciones y responsabilidades de la Dirección Regional de Educación de Ica, será contratar o asignar a un(a) educador(a) colegiado(a) a partir de febrero de 2025, quien integrará el Equipo Técnico Interdisciplinario del Programa Justicia Juvenil Restaurativa en Pisco, colaborar en diagnósticos situacionales y en la adaptación del enfoque del programa a otras zonas de la región y realizar estudios, investigaciones y elaborar herramientas para fortalecer el sistema de justicia juvenil en el país.
La UGEL Pisco ejecutará actividades de acompañamiento socioeducativo con un seguimiento individualizado a los adolescentes, también deberá brindar facilidades al Ministerio Público para monitorear y verificar el trabajo articulado, promover la reinserción social de los adolescentes, involucrando activamente a sus familias en el proceso y el compromiso es con una vigencia de dos años.
El convenio sienta un precedente histórico para la provincia de Pisco, enfocándose en una atención restaurativa y pedagógica que garantice un sistema de justicia juvenil más humano, justo y eficaz.
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